Efectivos de la Policía de Río Negro rompieron el silencio con un duro comunicado en el que denuncian salarios de pobreza, incumplimientos judiciales, falta de equipamiento y abandono en salud mental.
El gobierno provincial enfrenta un desafío inédito y de alto impacto institucional: policías autoconvocados de Río Negro iniciaron una serie de reclamos públicos amparándose en la Constitución Nacional y reivindicando su condición de trabajadores con derecho a peticionar a las autoridades. La situación marca un quiebre histórico en una fuerza tradicionalmente verticalista, donde cualquier manifestación no avalada por la jefatura suele ser considerada desobediencia y pasible de severas sanciones disciplinarias, tanto en lo profesional como en lo económico.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, los efectivos expresaron: “Los policías de la provincia de Río Negro rompemos el silencio ejerciendo un derecho constitucional”, citando el artículo 14 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho de peticionar a las autoridades. Subrayan que ese derecho “nos asiste plenamente, aun vistiendo uniforme”, y que su accionar es “pacífico, responsable y legítimo”.
Uno de los ejes centrales del reclamo es el atraso salarial. Los policías sostienen que sus haberes “han quedado brutalmente retrasados frente a la inflación” y que hoy un efectivo no puede sostener a su familia con su sueldo, a pesar de que se les exige profesionalismo, disponibilidad permanente y exposición constante al riesgo.
A esta situación se suma, según denuncian, el incumplimiento sistemático de obligaciones legales y judiciales por parte del Estado provincial. Mencionan juicios por zona desfavorable con sentencia firme que continúan impagos o con demoras injustificadas, violando derechos adquiridos y resoluciones judiciales. También señalan la falta de pago en tiempo y forma a jubilados, retirados y pasivos de la fuerza, a quienes califican como “postergados” pese a haber dedicado su vida al servicio.
El comunicado además expone un grave déficit en la provisión de recursos básicos para el trabajo policial. Enumeran uniformes que no se entregan en tiempo y forma, obligando al personal a comprarlos con su propio dinero; chalecos antibalas vencidos o en mal estado; municiones insuficientes para entrenamiento y servicio; y equipamiento esencial inexistente o deficiente. Todo ello, advierten, pone en riesgo directo la vida del personal.
Otro punto crítico es el abandono en materia de salud mental. Los policías denuncian la falta de un tratamiento serio y profesional de las afecciones psicológicas derivadas del servicio, como el estrés, el desgaste emocional, la ansiedad y la depresión. Aseguran que estas problemáticas son “minimizadas, invisibilizadas o castigadas”, en lugar de ser abordadas con responsabilidad institucional.
En ese marco, los autoconvocados ejercen su derecho a peticionar para exigir:
- Salarios dignos y actualizados, con incrementos que impacten en su totalidad en el punto policial y bajo la Ley 679.
- Pago inmediato de los juicios por zona desfavorable con sentencia firme.
- Cumplimiento en tiempo y forma de los haberes de pasivos, jubilados y retirados.
- Provisión legal de uniformes y equipamiento.
- Chalecos antibalas en condiciones y sin vencimiento.
- Munición suficiente para entrenamiento y servicio.
- Políticas reales de salud mental, sin persecución ni estigmatización.
“No pedimos privilegios. Exigimos derechos reconocidos por la Constitución. La seguridad pública comienza por respetar a quienes la garantizan”, concluye el documento firmado por “Policías Autoconvocados RN”.
El trasfondo de este reclamo no es menor: hasta ahora, la mayoría de las expresiones de disconformidad dentro de la fuerza habían sido canalizadas por familiares de los policías, justamente para evitar represalias en una estructura que penaliza cualquier intento de organización interna. La aparición pública de los propios efectivos, con un discurso jurídico y constitucional, abre un escenario nuevo y complejo para el gobierno provincial, que deberá decidir si responde con diálogo institucional o con la lógica disciplinaria que históricamente caracterizó a las fuerzas de seguridad.
