El ahora ex titular del organismo se negó a modificar las normas antilavado por considerar que la nueva ley entra en conflicto con la legislación vigente y expone a la Argentina ante el GAFI. Será reemplazado por Ernesto Gaspari y se produjo una salida masiva de funcionarios.
Paul Starc renunció a la dirección de la Unidad de Información Financiera (UIF) luego de rechazar las presiones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para reglamentar la recientemente aprobada ley de “Inocencia Fiscal”. La dimisión se produjo en medio de fuertes tensiones internas por el impacto que la norma tendría sobre el sistema antilavado y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
La información había sido anticipada en exclusiva por el diario digital La Política Online (LPO), que reveló que Starc era apurado desde el área económica para acelerar la adecuación de las resoluciones de la UIF. El objetivo del Gobierno es que la ley pueda aplicarse plenamente y facilite el ingreso al circuito formal de los dólares no declarados que permanecen fuera del sistema financiero.
Desde la UIF señalaron a LPO que Starc se negó a avanzar con los cambios porque la ley de Inocencia Fiscal colisiona con la Ley de Lavado de Activos y porque la Argentina se encuentra bajo seguimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ese marco, advirtieron que emitir normativa en sentido contrario podría resultar inconstitucional y exponer al país a sanciones o cuestionamientos internacionales.
“La ley de lavado choca con inocencia fiscal y no le da potestades a la UIF para regular. Sacar una normativa contraria implica jugarse la cabeza y quedar bajo la lupa del GAFI”, explicaron fuentes del organismo al medio citado.
Starc había vaciado su despacho el miércoles y pasó por la UIF únicamente para almorzar. Horas después se confirmó oficialmente su salida. El Gobierno informó que será reemplazado por Ernesto Gaspari, exdirector de Finanzas y Control del Grupo Macri.
La renuncia no fue un hecho aislado. El equipo completo de Starc decidió abandonar el organismo. Entre los funcionarios que dejan la UIF se encuentran Eduardo De Biase, subdirector de Litigios Penales; Eduardo Muñoz, director de Coordinación Internacional; Martín Montero, director de Análisis; además de los directores de Despacho y de Administración.
La salida masiva se produce en un contexto de fuerte polémica por la ley de Inocencia Fiscal, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratada por el Senado. El proyecto apunta a permitir que las personas gasten dinero no declarado sin tener que justificar su origen, bajo un nuevo esquema tributario y penal.
Entre los principales cambios, la iniciativa eleva de manera significativa los montos mínimos a partir de los cuales se penaliza la evasión fiscal. La evasión simple pasaría de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que la evasión agravada subiría de 15 a 1.000 millones. En casos de uso indebido de beneficios fiscales, el umbral se elevaría de 2 a 200 millones de pesos. También se incrementan los montos para penalizar la falsificación de facturas y se flexibilizan las sanciones para agentes de retención.
La ley, además, reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda reclamar impuestos no declarados, aplicar multas o promover denuncias penales. En paralelo, oficializa un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas con ingresos inferiores a 1.000 millones de pesos y un patrimonio menor a 10.000 millones, eliminando la obligación de informar consumos personales.
Otro punto sensible es la relajación de los controles sobre operaciones financieras. El proyecto deroga varios regímenes de información que obligaban a bancos, tarjetas de crédito, inmobiliarias y concesionarias a reportar consumos y eleva los montos mínimos a partir de los cuales deben informarse operaciones, un aspecto que genera especial preocupación en los organismos de control y en el ámbito internacional.
La renuncia de Starc y el vaciamiento de la UIF profundizan el debate sobre los alcances de la ley de Inocencia Fiscal y sus consecuencias institucionales, en un momento en que la Argentina busca sostener su credibilidad frente a los organismos multilaterales y evitar sanciones en materia de prevención del lavado de dinero.
