Una investigación periodística expuso que Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias del gobierno de Javier Milei, ostentaría credenciales académicas que no posee, cobraría de universidades públicas mientras declara estar de licencia y mantendría una carga laboral incompatible con un cargo “full time”. Diputados nacionales exigieron explicaciones formales. El funcionario no respondió.
Una grave denuncia sacude al corazón de la política universitaria nacional. Alejandro “el galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y máxima autoridad ejecutiva en la materia, fue acusado de presentarse con títulos académicos que no tiene, cobrar salarios de universidades públicas mientras afirma estar de licencia y sostener una actividad laboral incompatible con las exigencias de su cargo en el Estado. La investigación fue publicada por el portal de periodismo de investigación Erévnia, dirigido por Ignacio San Román, y ya motivó una presentación formal en el Congreso por parte de los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein.
Según la investigación, Álvarez declara ser politólogo y hasta haber realizado un doctorado en Economía, pero en los registros oficiales no figura ningún título que respalde esas afirmaciones. En el currículum que presentó al asumir como funcionario nacional, el único título universitario que consigna es el de Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. Consultada oficialmente, esa casa de estudios confirmó que ese es el único título otorgado y que no existe ninguna doble titulación ni estudios de posgrado acreditados.
La situación se agrava cuando se analizan sus ingresos y su disponibilidad horaria. Aunque Álvarez afirmó públicamente que estaba de licencia en la Universidad Nacional de La Matanza debido a sus responsabilidades como subsecretario, la universidad respondió, a través de pedidos de acceso a la información pública, que durante todo el segundo cuatrimestre del año pasado e incluso hasta enero de este año siguió cobrando su salario. El monto supera los 5,5 millones de pesos brutos, equivalente a 159 becas Progresar. Es decir, no solo no estaba de licencia efectiva, sino que el dinero fue depositado en su cuenta bancaria personal.
A esto se suma su situación en la Universidad de Buenos Aires. Álvarez se presenta desde hace años como profesor titular del CBC, pero la UBA lo desmintió: nunca concursó para ese cargo y su condición real es la de adjunto interino, con una carga de 10 horas semanales. Si se suman esas horas a las 20 que tenía en La Matanza, alcanza un total de 30 horas semanales de docencia, sin contar traslados entre Avellaneda, La Matanza y el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación. Un esquema que vuelve inverosímil el cumplimiento efectivo de una función pública que, por definición, es de dedicación completa.
El interrogante central es tan simple como demoledor: o Álvarez no cumplía con sus obligaciones en las universidades, o no cumplía con sus obligaciones como funcionario nacional. Ambas opciones son igual de graves. Y existe una tercera aún peor: que no haya cumplido con ninguna de las dos.
La investigación también reveló contradicciones en torno a su supuesto doctorado. En el streaming ultra libertario “Carajo”, donde participa regularmente y es conocido como “el profe”, Álvarez afirmó haber hecho un doctorado en Economía, pero no aclaró que no posee el título ni que exista constancia pública de esos estudios. En su currículum, además, afirma estar doctorándose en la Universidad Nacional de La Matanza, algo que la propia universidad negó de manera categórica: aseguró que Álvarez nunca cursó ninguna carrera allí. En este punto, la situación es límite: o miente el funcionario, o miente una universidad pública.
Como si fuera poco, Álvarez figura empadronado en la provincia de Córdoba, donde incluso votó en elecciones pasadas, mientras desde hace décadas mantiene cargos en el Congreso de la Nación, en la UBA y en La Matanza, además de su actual función como subsecretario. La pregunta vuelve a imponerse: ¿cómo hacía para cumplir con semejante entramado de obligaciones laborales estando domiciliado a cientos de kilómetros de distancia?
El propio San Román relató que intentaron comunicarse reiteradas veces con el funcionario para ofrecerle el derecho a réplica. No solo no hubo respuesta: Álvarez bloqueó a los periodistas en redes sociales apenas comenzaron a publicarse las primeras notas. El silencio, en este contexto, no es prudencia institucional: es una confesión política.
Ante la gravedad de los hechos, los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un pedido formal para que el Poder Ejecutivo informe sobre la situación laboral, académica y patrimonial del subsecretario. Buscan determinar si existieron incompatibilidades, falsedad en la información pública y posibles irregularidades administrativas o penales.
El caso expone una hipocresía estructural. Un gobierno que hace del ajuste moralista contra “la casta” su bandera principal sostiene en un cargo clave a un funcionario acusado de construir su carrera sobre títulos inexistentes, sueldos superpuestos y relatos inflados. Mientras se recortan presupuestos universitarios y se estigmatiza a docentes e investigadores, quien debe diseñar la política universitaria aparece envuelto en prácticas que lesionan la credibilidad del Estado.
Erévnia, el medio que destapó el escándalo, es un portal recientemente lanzado, integrado por periodistas con trayectoria en medios como La Nación, Télam y El País de España. Su propuesta es clara: investigación documental, pedidos de acceso a la información pública y contraste riguroso de fuentes. En este caso, no se trata de opiniones: se trata de papeles oficiales.
Hoy, la pregunta ya no es si la denuncia es grave. La pregunta es por qué el Gobierno nacional todavía no dio explicaciones. Y por qué un funcionario encargado de la política universitaria puede seguir en su cargo mientras pesan sobre él sospechas tan profundas de falsedad, incompatibilidad y posible uso indebido de fondos públicos.
