El intento del gobernador de Río Negro de despejar resistencias en el Concejo Deliberante de Bariloche terminó fortaleciendo la oposición al masterplan de CAPSA, que prevé un hotel seis estrellas a 1.200 metros de altura y un amplio loteo inmobiliario.
Una maniobra política del gobernador Alberto Weretilneck complicó seriamente el mega proyecto para instalar un hotel de lujo y avanzar con la privatización de amplias áreas del Cerro Catedral. Según reveló en exclusiva el portal especializado La Política Online (LPO), el mandatario buscó correr del medio a una concejal que se oponía a la iniciativa, pero el movimiento derivó en un escenario aún más adverso para el oficialismo provincial y la empresa concesionaria.
La jugada consistió en llevar a la concejal Natalia Almonacid al gobierno provincial, sin garantizar que su reemplazo acompañara el proyecto impulsado por CAPSA, concesionaria del cerro hasta 2056. Lejos de ordenar el tablero, la maniobra dejó expuestas las fragilidades políticas de una iniciativa que hoy no alcanza los votos necesarios para ser aprobada.
El proyecto requiere el respaldo de al menos ocho de los once concejales barilochenses. Sin embargo, según el estado actual de las negociaciones, solo reuniría cinco voluntades. Otros cinco ediles ya manifestaron su rechazo, con distintos matices: algunos podrían avalar la construcción de un hotel, pero ninguno acompaña la combinación de hotel y loteo de unas 70 hectáreas a valores considerados irrisorios.
La postura de CAPSA es irreductible: un hotel seis estrellas a 1.200 metros de altura y un desarrollo inmobiliario de gran escala. Para amplios sectores de la ciudad, la iniciativa amenaza con liquidar al comercio local, al concentrar la oferta turística en la montaña y evitar el paso de los visitantes por el centro. También afectaría a los comerciantes del propio cerro, ya que la base operativa se elevaría, y tendría un impacto limitado en la generación de empleo si los desarrollos terminan siendo departamentos de alquiler. A eso se suma un punto sensible: el costo de llevar electricidad y servicios básicos, que podría terminar siendo absorbido por los vecinos.
El principal interesado en que el proyecto avance es el propio Weretilneck, incluso por encima del intendente de Bariloche, Walter Cortés. En la ciudad no terminan de comprender la decisión del gobernador, que aceleró cambios en el Concejo sin tener asegurado un resultado favorable. Algunas lecturas políticas vinculan el apuro con las crecientes dificultades del oficialismo provincial. “Si no pasa esta vez, es posible que después de 2027 le toque a otro partido”, admitieron a LPO fuentes rionegrinas.
La sucesión de Almonacid abrió una cadena de conflictos. Antes de asumir, Glenda Cohen presentó su “renuncia irrevocable” a la banca. El siguiente en la lista es Lucas Pérez, quien ya no pertenece a Juntos Somos Río Negro (JSRN), sino que adhirió a Creo, el partido que lidera Aníbal Tortoriello y que mantiene acuerdos con los libertarios. La falta de afinidad ideológica es el argumento formal de JSRN para intentar bloquear su asunción, aunque también sobrevuela una causa por la venta de licencias de conducir truchas en la que Pérez estuvo involucrado.
Si el oficialismo logra apartarlo, la próxima en la lista es una dirigente jubilada que no quiere perder su pensión. El último suplente es Claudio Otano, afiliado a JSRN pero alineado con el ex intendente Gustavo Gennuso, distanciado del gobernador en los últimos meses. Un laberinto político que deja al proyecto sin una mayoría clara.
En términos de votos, JSRN podría aportar con seguridad dos, a los que se sumarían otros dos del PUL, el partido del intendente. Sin embargo, el tercer concejal de ese espacio, Tomás Hercingonja, comerciante barilochense, salió a criticar abiertamente la iniciativa y prometió no acompañar un proyecto que, según advirtió, podría traer graves dificultades al comercio del centro. El PRO sumaría un voto, alcanzando apenas cinco. En la vereda opuesta, Facundo Villalba, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y Roxana Ferreyra ya anticiparon su rechazo.
Mientras tanto, el contenido del proyecto sigue generando alarma. En la zona conocida como “1200m”, sobre la traza de la actual aerosilla Cóndor, se emplazaría el hotel de lujo, para el cual ya visitaron el cerro enviados de importantes cadenas internacionales. Según fuentes vinculadas a la iniciativa, el encargado de atraer a los inversores es Alberto Surace, empresario ligado a la construcción y a concesiones viales y aeroportuarias.
Cerca del futuro hotel, sobre el reservorio de agua utilizado para la nieve artificial, CAPSA planea un loteo VIP. Otro desarrollo se ubicaría en el estacionamiento sur de la base, mientras que el estacionamiento gratuito sería trasladado al actual puesto policial, a varios kilómetros. En la zona de Chapelquito se prevé un nuevo emprendimiento residencial. Un esquema que, lejos de generar consenso, profundiza la resistencia política y social en Bariloche y deja al proyecto estrella del gobernador pendiendo de un hilo.
