Legisladoras provinciales acusan a la Secretaría de Ambiente de avalar, en silencio y por fuera de la ley, la venta de lotes en una de las áreas naturales más valiosas de Río Negro. Reclaman audiencia pública urgente bajo apercibimiento de nulidad y anticipan acciones judiciales nacionales e internacionales.
Las legisladoras rionegrinas Magdalena Odarda y Ayelén Spósito denunciaron formalmente ante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático el fraccionamiento y la comercialización ilegal de al menos nueve lotes dentro del Paisaje Protegido Río Limay, una zona de altísima sensibilidad ecológica amparada por la ley provincial 2946 desde 1995. El área afectada corresponde al Anfiteatro del Río Limay, corazón de un corredor biológico estratégico que integra una Reserva de la Biosfera Transfronteriza reconocida por la UNESCO.
En una nota dirigida a la secretaria Judith Jiménez, las legisladoras exigieron la suspensión inmediata de toda operación inmobiliaria, el acceso íntegro al expediente administrativo y la convocatoria urgente a una audiencia pública presencial en el propio lugar afectado, adyacente al Anfiteatro del Río Limay. Advirtieron, además, que todos los actos administrativos realizados en violación a la legislación ambiental vigente son nulos y anticiparon acciones judiciales si no se revierte la situación.
La denuncia es contundente: el presunto emprendimiento inmobiliario es incompatible con la protección legal del área, se habría omitido el Estudio de Impacto Ambiental y nunca se convocó a la audiencia pública obligatoria, tal como exigen la Ley General del Ambiente (25.675) y la ley provincial 3266. Para agravar el cuadro, la resolución que habría aprobado el fraccionamiento (expediente 157264-SEYA-2024) no fue publicada ni en el Boletín Oficial ni en sitios web oficiales, vulnerando de manera flagrante el derecho de acceso a la información ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú, la ley nacional 25.831 y la ley rionegrina 5776.
El silencio administrativo no es un detalle menor. Según señalaron Odarda y Spósito, ciudadanos y ciudadanas de Río Negro, junto al Bloque Vamos con Todos de la Legislatura, solicitaron reiteradamente información sobre el estudio de impacto ambiental que debía realizarse antes de autorizar cualquier fraccionamiento y posterior venta. Nada de eso ocurrió. La opacidad, sostienen, fue la regla.
El territorio en cuestión no es un baldío prescindible. El Área Natural Protegida Río Limay se extiende desde el lago Nahuel Huapi hasta la confluencia con el río Traful, e incluye paisajes emblemáticos como el Valle Encantado y geoformas icónicas como el “Dedo de Dios”. Allí habitan especies amenazadas y endémicas: el huillín (nutria de río), el lagarto tenebroso —reptil en peligro exclusivo de la Norpatagonia— y el cóndor andino, con al menos trece sitios de nidificación identificados y un dormidero comunal de más de noventa individuos en el área. La degradación del hábitat por actividades humanas y la presión inmobiliaria ponen en riesgo un equilibrio ecológico frágil e irremplazable.
A pesar de esa protección, los lotes habrían sido ofertados en el mercado inmobiliario como parcelas con “costa de río”, con valores que oscilarían entre los USD 130.000 y los USD 420.000, en abierta violación de las normas que garantizan el uso público del camino de sirga. Para las denunciantes, se trata de un negocio millonario montado sobre bienes comunes, con el aval —por acción u omisión— del Estado.
El antecedente histórico es claro: desde que el área fue reconocida como Paisaje Protegido en 1995, todos los intentos de avanzar con proyectos inmobiliarios fueron frenados. El proceso participativo de 2007, impulsado por la organización Comunidad del Limay, marcó un límite social y ambiental que hoy, denuncian, se intenta vulnerar por la puerta de atrás.
Finalmente, Odarda y Spósito advirtieron que, de persistir el incumplimiento, acudirán a los tribunales rionegrinos, al Comité de Seguimiento del Acuerdo de Escazú y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invocando la reciente Opinión Consultiva OC-32/25, que reconoce al medio ambiente sano como un derecho humano fundamental.
El mensaje es inequívoco: El “Área Protegida Río Limay” no está en venta, y la ley tampoco.
