Cuando el discurso oficial choca contra la cruda realidad de aulas vaciadas y derechos cercenados
Mientras los canales oficiales inundan las redes con spots que venden una provincia comprometida con la “calidad educativa”, las escuelas del Valle Medio amanecieron esta semana con siete vacantes menos en nivel inicial. Siete docentes despedidas. Siete aulas con futuro incierto. Siete golpes más al derecho a aprender de niñas y niños que, según el gobierno, son “prioridad”. La contradicción no solo es evidente: es deliberada. Y duele.
La titular de UnTER Central lo desnudó sin eufemismos en su cuenta de Facebook: “Esta decisión golpea directamente a nuestras docentes, generando tristeza, incertidumbre y un profundo vacío institucional. No se trata solo de números: se trata de personas, de proyectos, de derechos vulnerados”. Pero el gobierno provincial sigue empeñado en maquillar el ajuste como “racionalización”. Reducir cargos no es eficiencia; es precarización con traje de funcionario. Es convertir la educación pública en un rehén de las cuentas fiscales, mientras los salarios docentes se estancan y las condiciones de enseñanza se deterioran sin pudor.
Y aquí reside la mayor hipocresía del relato oficial: apenas a principios de enero, Karina Viana, Directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, celebraba ante los micrófonos un 2025 “muy positivo”, destacando la supuesta articulación entre direcciones y los avances en capacitación para promotoras de jardines maternales. “Sumamente favorecedor”, dijo. “Tiene que ver con la función que ellos están cumpliendo dentro de una institución educativa”, agregó. ¿Qué función? ¿La de sostener un sistema al que el mismo gobierno le arranca los cimientos con recortes silenciosos pero letales?
No hay coherencia posible entre ese optimismo forzado y el cierre de siete cargos en una semana. No hay “articulación” cuando se desmantela lo que otros construyen. Lo que hay es una política de dos velocidades: una para el discurso —brillante, prometedor, lleno de adjetivos— y otra para la realidad —áspera, fría, contada en despidos y aulas sobrepobladas.
Cada cargo eliminado no es un número en un presupuesto. Es una maestra que pierde su sustento. Es un niño que pierde su maestra. Es una comunidad que pierde su escuela como faro. Y es el Estado que pierde su obligación más elemental: garantizar el derecho a educarse con dignidad.
El gobierno insiste en que “nadie se salva solo”. Tiene razón. Pero mientras tanto, sigue actuando como si la educación pública fuera un gasto prescindible y no el pilar de una sociedad justa. Valle Medio no se tragó la noticia: la sintió en el estómago. Porque cuando cierran una vacante en inicial, no cierran un cargo: cierran una puerta. Y son siete puertas menos para el futuro. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la promesa de “educación para todos” se reduzca a un eslogan mientras las aulas se vacían? La respuesta no está en los comunicados oficiales. Está en las calles, en las escuelas, en la resistencia cotidiana de quienes aún creen —contra todo— que educar es un derecho, no un privilegio.
