Por una provincia que prioriza el marketing sobre los salarios
En medio de una crisis salarial que ahoga a los trabajadores estatales rionegrinos, el gobierno provincial de Alberto Weretilneck desembolsó más de 800 millones de pesos en publicidad oficial durante enero de 2026 —mientras negocia paritarias con la excusa del “no hay margen fiscal”—, exponiendo una contradicción que ya no puede disfrazarse: mientras se ajusta sobre los bolsillos de quienes sostienen el Estado, se derrocha sin pudor en campañas de posicionamiento político.
El epicentro de la polémica es la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), conducida por Diego Piquín, que ejecutó 457 millones de pesos en un solo mes. Pero el escándalo no está solo en la cifra, sino en su destino opaco: 150 millones fueron canalizados a influencers sin que exista un solo documento público que revele quiénes los recibieron, qué campañas ejecutaron o bajo qué criterio técnico se justificó semejante desembolso, según publicó el periodista Luciano Barros en el diario digital especializado en política “Realpolitk” en su edición del pasado viernes. Mientras tanto, 45 millones fueron girados al medio digital Olga, y 36 millones a la empresa Epoge SRL —vinculada a Santiago Caputo a través de Rodrigo Lugones y Derek Hampton—, tejiendo una red de pauta que trasciende lo comunicacional para convertirse en herramienta de construcción de poder político.
Este gasto se suma a los 350 millones ejecutados por la Secretaría de Comunicación que conduce Gustavo Glave, totalizando un despliegue publicitario que supera con creces cualquier propuesta salarial concreta para los estatales. La ironía es brutal: el diario Río Negro, histórico referente informativo de la Patagonia, recibió 161 millones de pesos con contratos públicos y medibles; los influencers, casi la misma cifra, pero envueltos en un manto de opacidad que viola el principio básico de transparencia en el manejo de fondos públicos.
Mientras los sindicatos advierten que los salarios quedaron por debajo de la inflación y exigen recomposición urgente, el Ejecutivo provincial responde con silencio o con la letanía del “no hay plata”. Pero los números desnudan la hipocresía: hay 800 millones para autopromocionarse, pero no hay margen para dignificar el trabajo de quienes garantizan salud, educación y servicios esenciales en cada rincón de la provincia.
La gestión de Weretilneck no solo repite errores del pasado; los profundiza con cinismo. En un territorio castigado por tarifazos sin respuesta estatal, por hospitales con recursos limitados y por escuelas que resisten con esfuerzo cotidiano, priorizar la pauta sobre los salarios no es un error de gestión: es una decisión política deliberada. Y esa decisión dice, con crudeza, cuáles son las verdaderas prioridades de un gobierno que mira más a las pantallas que a las personas.
