El ex titular de ANDIS fue embargado por $200 millones y señalado como jefe de una asociación ilícita. La causa ya tiene 19 procesados y el propio juez advirtió que podría escalar a otras áreas del gobierno. Spagnuolo quedó como chivo expiatorio de un esquema que, según los audios, incluía a funcionarios, empresarios y un presunto retorno del 3% que rozó a Karina Milei, hoy blindada por el silencio mediático.
El juez federal Sebastián Casanello procesó y embargó por 200 millones de pesos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), convirtiéndolo en el primer funcionario del gobierno libertario formalmente procesado por una causa de corrupción. La resolución también alcanzó a otras 18 personas y dejó una advertencia explícita: la investigación no está cerrada y podría avanzar hacia otras áreas del oficialismo.
Spagnuolo fue acusado como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos en el ámbito de la Discapacidad. El procesamiento incluye delitos graves y se apoya en una reconstrucción minuciosa de maniobras irregulares dentro de ANDIS, a la que Casanello definió sin rodeos como “un entramado de corrupción institucional”.
Junto al ex funcionario fueron procesados su segundo, Daniel Garbellini, y los lobbistas Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. En total, la lista asciende a 19 imputados. Para evitar nulidades y presiones de instancias superiores, el magistrado se tomó casi seis meses antes de firmar los procesamientos, en una causa que genera inquietud en la cúpula del gobierno libertario.
El expediente se originó tras la difusión de audios en los que Spagnuolo admite el cobro de coimas y va más allá: señala un esquema aceitado entre funcionarios y empresarios, con un presunto “retorno” del 3%, y menciona directamente a Karina Milei y a los primos Lule y Martín Menem. Sin embargo, hasta ahora ni la hermana del Presidente ni los Menem fueron citados a declarar. Spagnuolo, en los hechos, quedó como el único rostro visible de una operatoria que él mismo describió como mucho más amplia.
Ese contraste alimenta una lectura política inevitable: Spagnuolo no habría inventado nada, sino que habría revelado lo que ya se hacía. Mientras él enfrenta un procesamiento, embargos y el secuestro de 80 mil dólares y 2.000 euros encontrados en su domicilio, los nombres que rozan el corazón del poder libertario permanecen al margen del expediente y, sobre todo, al margen del escrutinio mediático. Karina Milei, señalada en los audios, parece gozar de un blindaje informativo que contrasta con la gravedad de las acusaciones.
Casanello, consciente de ese trasfondo, dejó una frase que resuena como amenaza para el mileísmo: “El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”. No es una línea menor: es la puerta abierta a que la causa escale y deje de tener un solo fusible.
Ni el juez ni el fiscal Franco Piccardi utilizaron los audios como prueba directa, pese a los cuestionamientos de las defensas sobre su veracidad. Aun así, el cuadro probatorio fue suficiente para procesar a todos los involucrados y rechazar los intentos de frenar la causa. La Cámara de Casación, con las firmas de Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, también desestimó el recurso de queja de los hermanos Kovalivker, vinculados a la empresa que habría pagado sobornos.
El mensaje judicial es claro: hubo corrupción en ANDIS y no fue un hecho aislado. El mensaje político, en cambio, sigue incompleto. Porque mientras la Justicia avanza y deja pistas sobre una trama más profunda, el poder y buena parte de los medios prefieren reducir el escándalo a un nombre propio. Spagnuolo cayó, pero la pregunta persiste: ¿fue el autor del sistema o apenas el que se “fue de boca” y dejó ver cómo funcionaba?
