La secretaria gremial de la Asociación Sindical de Salud Pública reveló en entrevista exclusiva para “2920 Viedma” un sistema en estado de agotamiento terminal: 2.000 puestos vacantes, especialidades médicas impagas, recursos críticos ausentes y una política deliberada de vaciamiento que transforma hospitales en escenarios de riesgo para pacientes y personal. Mientras el gobierno provincial presume de “modernización”, los trabajadores sostienen con su salud un sistema quebrado por decisiones políticas que priorizan propaganda sobre vidas humanas.
El sistema público de salud de Río Negro no enfrenta una crisis coyuntural: padece un desmantelamiento estructural que ha convertido a sus trabajadores en rehenes de una política deliberada de precarización. Así lo denunció con crudeza Marisa Albano, secretaria gremial de ASPUR, en una entrevista exclusiva con el medio 2920, donde desnudó la farsa de un Estado que presume de “modernidad” mientras vacía camas, despide profesionales y niega el pago de especialidades médicas formadas con esfuerzo en residencias provinciales.
Los números son elocuentes: casi 2.000 trabajadores menos sostienen hoy un sistema cuya demanda crece con la pobreza. Pero la cifra más brutal es la que no se registra en planillas: el agotamiento físico y moral de quienes atienden pacientes sin cintas hipoalergénicas, sin personal suficiente en terapias intensivas y sin reconocimiento salarial por sus especialidades. “Modernizaron la forma de empobrecer a los trabajadores, de explotarlos y de violentarlos”, sentenció Albano, al describir una realidad donde enfermeros, técnicos y médicos trabajan enfermos porque el sistema no les permite cuidarse.
La exclusión de ASPUR de la Mesa de Función Pública —pese a representar al sector estratégico por excelencia— no es casualidad: es mecanismo de control. Sin ley paritaria que garantice negociaciones en igualdad, el gobierno provincial impone mesas “flojas de papeles” que equiparan a trabajadores de guardia de 24 horas con empleados administrativos de jornada diurna, negando riesgos de insalubridad y especificidad técnica. El resultado es una paritaria de fachada que oculta la verdadera urgencia: no se trata de porcentajes, sino de garantizar que un sistema no colapse sobre las espaldas de quienes lo sostienen.
Más grave aún es la estafa institucionalizada: médicos formados en residencias provinciales —promocionadas con propaganda oficial— descubren al recibirse que sus especialidades no son reconocidas ni pagadas porque carecen de aval de la CONIAU. “Estafan a estudiantes de medicina que tienen la ilusión de prestar servicios de calidad”, denunció Albano, al recordar que mientras se venden ilusiones formativas, hospitales cabecera como el de Bariloche operan con terapias intensivas vaciadas y personal insuficiente para la demanda real.
El diagnóstico es contundente: no hay improvisación en este desastre. “Absolutamente hay una decisión política”, afirmó la dirigente al evaluar un año de gestión del ministro de Salud proveniente del sector privado, cuya retórica europeísta contrasta con hospitales que carecen de insumos básicos. “Modernización es como ponerle timbre a una casa sin puerta, ventana ni techo”, graficó con ironía ácida. Mientras tanto, más de 3.000 niños son derivados anualmente al Garrahan —hospital pediátrico colapsado a nivel nacional— porque Río Negro jamás construyó siquiera un centro especializado para su infancia.
La comunidad renegrina, lejos de permanecer indiferente, observa con indignación creciente cómo se priorizan gastos no esenciales sobre la vida de sus vecinos. Y en esa brecha entre promesas oficiales y realidades hospitalarias, ASPUR sostiene una vigilia incómoda: la de quienes exigen que el Estado cumpla su obligación elemental. Porque cuando un sistema de salud se gestiona con números dibujados y ausentismo como arma de control, no solo se precariza el trabajo: se juega con vidas. Y eso, en cualquier latitud del planeta, no admite eufemismos ni modernidades de cartón.
