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ATE denuncia un “empobrecimiento estructural” de los trabajadores y acusa a todos los gobiernos de profundizar el ajuste salarial

Un informe del gremio estatal advierte que los salarios perdieron un 55,8% de poder adquisitivo desde 2015 y acusa a los gobiernos de Macri, Fernández y Milei de consolidar un modelo de transferencia de ingresos hacia el capital concentrado. Exigen paritarias sin techo y un aumento de emergencia del 52%.

Un informe elaborado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la segunda quincena de enero expone un panorama crítico sobre la evolución del salario real en Argentina y denuncia un proceso de empobrecimiento estructural de los trabajadores. Según el documento, los salarios estatales crecieron sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que derivó en una pérdida acumulada del 55,8% del poder adquisitivo desde 2015.

El estudio sostiene que la combinación de presión tarifaria, inflación persistente y endeudamiento doméstico configura un esquema permanente de ajuste sobre los ingresos laborales. “La pérdida salarial no es un daño colateral: es una herramienta central del programa de ajuste”, señala el documento, que apunta directamente contra la orientación de la política económica de las últimas administraciones.

De acuerdo con ATE, desde la asunción del actual gobierno de La Libertad Avanza, la inflación acumulada alcanza el 259,4%, mientras que el poder de compra del salario testigo del sector público (Nivel D Grado 0) cayó un 29,7%. Si el salario de diciembre de 2015 se actualizara a valores de diciembre de 2025, debería ubicarse en $1.483.708, pero el salario real apenas alcanza los $656.153, según la grilla del SINEP. Esta brecha equivale a la pérdida de 41 canastas básicas totales, subraya el informe.

La situación se agrava al considerar el costo de vida: en diciembre de 2025, una familia tipo necesitó $2.136.860 para cubrir sus necesidades mínimas, cifra que triplica el salario promedio real de los trabajadores estatales. Para el gremio, estos datos confirman que la mayoría de los asalariados se encuentra por debajo de la línea de pobreza, incluso con empleo formal.

El documento también alerta sobre el deterioro del mercado laboral, con un aumento de la informalidad que afecta principalmente a jóvenes y mujeres, y la pérdida de entre 270.000 y 280.000 empleos registrados desde el inicio del gobierno actual. ATE denuncia una profundización de la precarización laboral mediante modalidades de contratación sin derechos ni estabilidad, lo que consolida un mercado de trabajo fragmentado y desigual.

A esto se debe agregar que, en el plano político, es necesario hacer una una crítica transversal a las últimas gestiones. Es que, ni el peronismo ni el actual gobierno libertario rompieron con el modelo extractivo y financiero, puesto que entre 2019 y 2024 se transfirieron más de 63.500 millones de dólares desde los salarios hacia las ganancias empresariales bajo el paraguas del FMI.

El gobierno de Alberto Fernández profundizó el ajuste para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, consolidando una transferencia anual promedio de 29.600 millones de dólares desde los trabajadores hacia el capital concentrado, según datos del CIFRA. A la vez, el gobierno de Javier Milei se encargó de acelerar el proceso, con una transferencia de 33.900 millones de dólares en 2024, impulsada por políticas de liberalización económica, destrucción del mercado interno y flexibilización laboral de facto.

En el documento elaborado por el gremio, se exige la reapertura inmediata de paritarias sin techo, un aumento de emergencia del 52% para recuperar el poder adquisitivo, la regularización de los trabajadores precarizados, la prohibición de despidos y la garantía de que ningún salario quede por debajo de la línea de pobreza. En su conclusión, ATE advierte que el ajuste se está institucionalizando mediante reformas laborales y previsionales y nuevos acuerdos con el FMI, y llama a la unidad de los trabajadores para enfrentar un modelo que, sostiene, convirtió el empobrecimiento en política de Estado.

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