Instituciones privadas dejaron de atender afiliados de PAMI por falta de pagos y denuncian un atraso del 60% frente a la inflación. El ajuste fiscal del gobierno nacional golpea de lleno a los jubilados y amenaza con profundizar el colapso del sistema de salud en el sur del país.
Los hospitales, sanatorios y clínicas privadas de la Patagonia suspendieron la atención a afiliados de PAMI ante la falta de pagos y el atraso sistemático en los convenios, en un conflicto que expone el impacto directo del ajuste fiscal impulsado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Las instituciones denuncian que los subsidios están “pisados” y que los aranceles están un 60% por detrás de la inflación acumulada en los últimos dos años, una situación que torna inviable la prestación de servicios a jubilados.
Según explicaron fuentes del sector, el gobierno nacional retrasó la implementación del nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que hubiera obligado a una actualización de haberes jubilatorios, y paralizó subsidios con el argumento de cuidar el déficit fiscal. En la práctica, esta política se traduce en un ajuste directo sobre los adultos mayores y sobre el sistema de salud que los atiende.
Las instituciones privadas aseguran que hoy trabajan a pérdida. “Los gastos que tienen las prácticas de urología son más altos de los que nos paga PAMI. No es que son poco rentables, directamente perdemos plata”, señalaron desde el sector sanitario. La restricción actual afecta consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, pero advierten que podría extenderse si no hay una respuesta inmediata del gobierno nacional.
PAMI suele pagar con un retraso de tres meses, pero en enero dejó directamente de girar fondos a las instituciones. “Extraoficialmente nos explican que Economía no les da el subsidio para pagarnos”, indicaron fuentes consultadas por el diario digital La Política Online. En promedio, la atención de afiliados de PAMI representa entre el 30% y el 40% de la facturación de clínicas y sanatorios privados patagónicos, por lo que el corte de pagos impacta en cadena sobre salarios del personal de salud, proveedores y funcionamiento general del sistema.
En los últimos dos meses, el organismo dejó de abonar prácticas ambulatorias y consultas, a lo que se suma el atraso en los módulos que se cobran por distintas prestaciones. A pesar de que las instituciones habían advertido la gravedad del escenario al director de PAMI, Esteban Leguizamo, no hubo respuestas concretas.
“La situación es sumamente grave, necesitamos una respuesta urgente que permita la continuidad del servicio”, advirtieron desde el sector. Mientras tanto, los jubilados quedan en el medio de una pulseada fiscal y política que los expulsa del sistema de salud y evidencia que el ajuste no es una abstracción técnica, sino una decisión con consecuencias concretas y dramáticas sobre los sectores más vulnerables.
