Mientras el gobierno provincial inunda las redes con spots sobre “calidad educativa”, seis maestras perdieron su trabajo y siete aulas de nivel inicial quedaron huérfanas en pleno febrero. UnTER salió a las calles de Choele Choel para desnudar una contradicción deliberada: la promesa de inclusión frente al ajuste con traje de funcionario.
El grito de las redoblantes resonó este jueves en las arterias céntricas de Choele Choel como respuesta contundente a un recorte que el gobierno intentó pasar en silencio: siete cargos docentes eliminados en educación inicial del Valle Medio, seis maestras despedidas y seis aulas con futuro incierto. El sindicato UnTER transformó la Plaza de las Banderas en tribuna de guerra contra lo que calificó como “precariación con traje de funcionario”, en una movilización que desnudó la brecha abismal entre el discurso oficial de “prioridad educativa” y la realidad de aulas desguazadas.
La concentración, que partió desde la Plaza de las Banderas, tuvo como eje la denuncia de una promesa incumplida: mientras el Ministerio de Educación anunciaba la incorporación de nuevas salas de tres años, la semana comenzó con siete vacantes menos en jardines del Valle Medio. “Logramos revertir un cargo, pero no nos conformamos: cada docente despedida es un derecho vulnerado”, advirtieron los maestros frente a sus pares, antes de iniciar una marcha que recorrió Avenida Rivadavia hasta Avellaneda, continuó por Uruguay y Alsina hasta las instalaciones del Concejo de Educación, donde pegaron consignas en los vidrios de la sede gubernamental como testimonio visible de una crisis que el poder intenta maquillar con eufemismos.
La hipocresía del relato oficial quedó al descubierto al contrastar las declaraciones optimistas de Karina Viana, Directora de Educación Inicial, quien en enero celebraba un 2025 “sumamente favorecedor” por la “articulación” entre direcciones, con el desmantelamiento concreto de cargos en pleno ciclo lectivo. No hay articulación posible cuando se arrancan los cimientos del sistema; lo que existe es una política de dos velocidades: una para el discurso —brillante, prometedor, lleno de adjetivos— y otra para la realidad —áspera, contada en despidos y niños sin maestra.
Como señaló la titular de UnTER Central en redes sociales, “esta decisión golpea directamente a nuestras docentes, generando tristeza, incertidumbre y un profundo vacío institucional”. Pero el gobierno insiste en llamar “racionalización” a lo que es, sin eufemismos, ajuste. Reducir cargos no es eficiencia: es convertir la educación pública en rehén de las cuentas fiscales mientras los salarios se estancan y las condiciones de enseñanza se deterioran sin pudor.
Cada cargo eliminado no es un número en un presupuesto. Es una maestra que pierde su sustento. Es un niño de tres años que pierde su primer encuentro con el mundo letrado. Es una comunidad que ve desvanecerse su escuela como faro. Y es el Estado que abdica de su obligación más elemental: garantizar el derecho a educarse con dignidad.
El gobierno provincial repite que “nadie se salva solo”. Tiene razón. Pero mientras tanto, actúa como si la educación pública fuera un gasto prescindible y no el pilar de una sociedad justa. Valle Medio no se tragó la noticia: la sintió en el estómago. Porque cuando cierran una vacante en inicial, no cierran un cargo administrativo: cierran una puerta. Y son siete puertas menos para el futuro. La respuesta no está en los comunicados oficiales maquillados. Está en las calles, en las escuelas, en la resistencia cotidiana de quienes aún creen —contra todo— que educar es un derecho, no un privilegio.
