Una vecina de Choele Choel denunció haber sido víctima de una violenta agresión en plena vía pública y expuso en redes sociales su sensación de desprotección ante un proceso judicial que —según afirma— no ha dado respuestas acordes a la gravedad de los hechos. La causa avanza como presunta violencia de género, pero los acusados continúan en libertad, situación que la mujer considera una amenaza directa a su seguridad.
La denuncia fue radicada el 22 de septiembre de 2024 en la Comisaría 8ª de Choele Choel contra Agustín Fraile y Cinthia Soria. Los legajos del Ministerio Público Fiscal son MPF-CH-01642-2024 y MPF-CH-01640-2024, con intervención del fiscal Dr. Germán Balditarra.
Una agresión que pudo terminar en tragedia
Según el testimonio público de María Verónica Itoiz, el ataque ocurrió en septiembre de 2024. La mujer relató que fue golpeada con un fierro y con una pala, primero de pie y luego cuando ya se encontraba en el suelo, sin posibilidad de defensa.
“Me golpearon hasta dejarme en el suelo. Y después la justicia me dejó sola”, escribió en sus redes sociales.
Las lesiones fueron certificadas médicamente: politraumatismos, hematomas de gran tamaño y vidrios incrustados en una mano. La profesional de salud mental que la asistió diagnosticó Trastorno de Estrés Postraumático por violencia de género y le indicó treinta días de reposo absoluto.
Durante ese período —según su propio relato— no pudo trabajar ni salir de su casa con normalidad. El miedo se instaló como una consecuencia más del ataque físico.
La controversia: mediación penal
Uno de los puntos que genera mayor indignación en el entorno de la víctima es que el caso habría sido derivado a una instancia de mediación penal, medida que Itoiz considera improcedente frente a un hecho de la magnitud denunciada.
“Como si fuera un conflicto de vecinos. Como si lo que yo viví pudiera resolverse con una conversación”, expresó.
Para la denunciante, esa decisión implicó una minimización del hecho y una revictimización. Además, sostiene que los acusados tendrían antecedentes de violencia y continúan en libertad.
El reclamo: justicia y protección
Itoiz asegura sentirse expuesta y vulnerable. Afirma que la continuidad en libertad de quienes señala como responsables la obliga a convivir con el temor constante.
“No quiero silencio. No quiero que esto quede minimizado. Quiero justicia”, manifestó.
La causa permanece bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y deberá avanzar en las etapas procesales correspondientes.
Editorial: cuando el sistema parece mirar para otro lado
Hay algo profundamente perturbador en esta historia. No sólo por la brutalidad de la agresión denunciada —que ya de por sí estremece— sino por la sensación de orfandad institucional que emerge del relato.
La violencia de género no es un altercado doméstico ni una discusión barrial. Es una problemática estructural que el Estado está obligado a abordar con perspectiva, celeridad y firmeza. Cuando un caso con lesiones certificadas y diagnóstico de estrés postraumático es derivado a mediación, el mensaje que se transmite es ambiguo y peligroso.
La mediación puede ser una herramienta válida en determinados conflictos, pero difícilmente encaje en episodios donde hay golpes con objetos contundentes y secuelas psicológicas acreditadas.
El desafío de la justicia no es sólo tramitar expedientes; es garantizar protección efectiva. Porque cuando la víctima siente que está sola, algo está fallando.
Y cuando el miedo queda del lado de quien denunció, mientras los acusados siguen libres, la pregunta ya no es sólo jurídica. Es política, social y ética.
En Choele Choel —como en tantos rincones del país— la credibilidad del sistema también se juega en estos casos.
