El organismo emitió un duro comunicado criticando el trato hacia el agente detenido, mientras se difunde un audio donde Muñoz denuncia corrupción, vulneración de derechos y privilegios a otros internos condenados por delitos graves.
El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario publicó este jueves un enérgico repudio hacia las autoridades del Penal 4 de General Roca, específicamente contra Pedro Cruz Aedo, jefe del establecimiento, y demás funcionarios bajo su mando, incluyendo al Jefe de Policía provincial. La crítica se centra en las condiciones de detención del policía Rubén Muñoz, quien se encuentra alojado en una celda de 3×3 metros que, según denuncian, también es utilizada para visitas íntimas de otros reclusos.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, el Consejo cuestionó: “¿Esto es justicia o provocación?”, y detalló que Muñoz lleva más de un mes confinado en un espacio reducido “no destinado para estadías prolongadas”, lo que no solo vulneraría sus derechos constitucionales, sino también los de otros internos al privarlos de un espacio que les corresponde para sus visitas.
“Un hombre que perteneció a la fuerza policial, un colega, un trabajador, un padre, una persona que merece tener todos sus derechos constitucionales cubiertos, incluso allí en un establecimiento penal”, subraya el texto, que finaliza con la consigna: “RUBÉN MUÑOZ PRESO POLÍTICO ‼️‼️ DE WERETILNECK Y JARA ‼️ LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA”.
Audio revelador: denuncias de corrupción y doble estándar
A la par del comunicado, se difundió un audio atribuido al propio Rubén Muñoz, donde el agente detenido describe con crudeza la realidad que atraviesa dentro del penal. En la grabación, Muñoz compara su situación con la de otros internos:
“Un preso por distribución de pornografía infantil tiene una red de Wi-Fi propia, tiene acceso a telefonía celular, tiene acceso a todo tipo de redes sociales, mientras yo estoy acá, por una 3040, sin posibilidades de que me entre un teléfono como corresponde”, expresa el policía, en referencia al artículo del Código Procesal Penal que motivó su detención preventiva: la presunta violación de una restricción de acercamiento a un superior.
Muñoz también denuncia irregularidades en la administración del penal: “Están guardando todo, la carne, loco, la carne de la comida, están robando todo de la comida. Una cueva de la corrupción”. Asimismo, relata que permanece “22 horas encerrado, por dos horas de patio”, y que fue trasladado a un espacio más reducido para impedirle continuar con su rutina de entrenamiento físico.
“Verdugueada” y falta de respuesta judicial
En el audio, el agente manifiesta haber realizado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, pero asegura que “la justicia no reacciona, la fiscalía no reacciona”. Relata que las autoridades penitenciarias “no dan la cara” y que, al contrario, intensifican lo que él califica como hostigamiento: “Me tienen como muy indigente, todo tirado en el piso. Estoy totalmente encerrado como si fuera un delincuente. Yo no robé, no maté, no asesiné, no violé”.
Muñoz menciona además la presencia de otros internos condenados por delitos de mayor gravedad: “Hay dos violadores, un profesor y el violador, y los tienen acá enfrente, recibiendo la visita, cortando el paso, a menos de 50 metros de la escuela, el tipo que ahí, afuera, gozando de beneficios”.
Denuncia de corrupción institucional
El agente detenido también apunta a presuntas prácticas corruptas dentro del servicio penitenciario: “Hay un empresario de la construcción que le han hecho pagar los ventiladores, le han hecho pagar los tanques, le han hecho pagar todas las refacciones, mientras pasan la factura a nombre del servicio penitenciario. Una locura, es la cuna de la corrupción”.
Hasta el momento, ni la Dirección del Servicio Penitenciario provincial ni la Jefatura de Policía de Río Negro se han pronunciado oficialmente sobre las graves acusaciones vertidas por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario y por el propio Rubén Muñoz.
Contexto del caso
Rubén Muñoz, agente de la Policía de Río Negro, fue detenido preventivamente por orden judicial tras ser imputado de violar una medida de restricción de acercamiento hacia un superior jerárquico, en el marco de una causa que sus defensores califican como “armada políticamente”. Su situación ha generado solidaridad en sectores de la fuerza policial y organizaciones de derechos humanos, que exigen una investigación independiente sobre las condiciones de su detención.
El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, organismo que agrupa a activos y retirados de la fuerza, advirtió que “cuando se expone a una persona a condiciones inadecuadas durante tanto tiempo, no es casualidad. Es presión. Es empujar una reacción. Es jugar con el desgaste psicológico”, y cuestionó: “¿Quién se hace responsable si esto provoca conflictos entre internos?”.
La situación permanece bajo observación, mientras se espera una respuesta oficial de las autoridades provinciales y del Poder Judicial sobre las denuncias de vulneración de derechos humanos y corrupción dentro del sistema penitenciario rionegrino.
