Un grupo de diputados peronistas reveló que el ministro Caputo retuvo ilegalmente fondos del Impuesto a los Combustibles destinados por ley al mantenimiento vial. Mientras el gobierno presume de superávit, las rutas se desmoronan, cobran vidas y asfixian la competitividad del país.
La Argentina tiene un número que duele, que indigna y que, sobre todo, explica por qué sus rutas son hoy un cementerio a cielo abierto: 1.165.491 millones de pesos. No es una estimación, ni una conjetura opositora. Es el cálculo preciso que realizó un grupo de veinte diputados peronistas tras analizar minuciosamente los fondos que el ministro de Economía, “Toto” Caputo, retuvo ilegalmente del Impuesto a los Combustibles, vulnerando flagrantemente la ley 23.966 del Congreso, que obliga a destinar el 28,58% de lo recaudado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), el organismo encargado de mantener y mejorar la red vial nacional.
Una fortuna imposible de mensurar en términos humanos, pero más que suficiente para reparar cada kilómetro de asfalto detonado, cada señal ilegible, cada banquina convertida en pastizal. Dinero que, en lugar de salvar vidas, se esfumó en cuentas oficiales mientras las rutas se siguen cobrando víctimas y estrangulando la competitividad argentina, al encarecer y demorar el traslado de bienes y personas.
El superávit construido sobre incumplimientos
Según detalla Fabricio Navone en una nota publicada en La Política Online, este desvío masivo de fondos confirma una verdad incómoda: el tan publicitado superávit fiscal del que hacen alarde el presidente Milei y su ministro Caputo está edificado sobre una cadena de incumplimientos legales y deudas impagas. Como los USD 1.000 millones que el Estado adeuda a proveedores del PAMI. “Algún día alguien va a hacer la cuenta de la deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit”, advirtió a LPO uno de los diputados que participó del relevamiento.
La retención ilegal es especialmente grave porque la recaudación del Impuesto a los Combustibles se disparó de manera exponencial desde la asunción de Milei. Del 2023 al 2024, lo recaudado por este tributo creció un 378%. De ese total, debieron girarse netos al sistema vial $354.835 millones. No ocurrió. Al año siguiente, la recaudación volvió a subir, esta vez un 92%, y Caputo se quedó con $688.126 millones que nunca llegaron a las rutas. Y en los dos primeros meses de 2026, el impuesto pegó otro salto: el ministro embolsó $122.530 millones más que, por ley, debió transferir a las provincias.
Se trata de un incumplimiento legal flagrante que, tarde o temprano, terminará en la Corte Suprema. Un tribunal que, hasta ahora, ha mostrado una permisividad desconcertante con las decisiones del gobierno de Milei.
“La situación no se sostiene más”
El diputado entrerriano Guillermo Michel, uno de los firmantes del informe, confirmó a La Política Online que la situación de las rutas nacionales “no se sostiene más”. Y recordó que desde el Congreso ya impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas. Entre Ríos, por caso, es una de las provincias con la red vial en peor estado. “Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave”, advirtió Michel.
En el interior del país, el impacto es directo y brutal. Intendentes de distintas provincias alertan que las rutas nacionales están “detonadas” y que el reclamo de los vecinos recae, injustamente, sobre los municipios: “Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas”, reconoció Michel. De hecho, intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común de reclamo. El malestar escala: no sería extraño que haya una cumbre de gobernadores para exigir soluciones.
El doble golpe a las provincias
Las provincias no solo sufren el desvío de la parte que les corresponde del impuesto al combustible. También padecen la caída de la coparticipación federal, producto del derrumbe de la recaudación nacional en medio de la recesión. De hecho, la principal preocupación de los mandatarios provinciales en estas horas es la manera en que se va a repartir el adelanto de las partidas federales: un recurso que, en teoría, debería aliviar las arcas locales, pero que en la práctica se convierte en moneda de cambio político.
El trabajo de los diputados revela, además, una constante en la gestión de Caputo: cientos de miles de millones de este fondo vial han sido desviados a colocaciones financieras. Es decir: en lugar de invertir en asfalto, señales y seguridad, el gobierno usa esos recursos para operaciones de tesorería que engrosan números contables, mientras las rutas se pudren.
La cuenta final la pagan los ciudadanos
Se confirma así, con cifras frías y leyes vulneradas, que a pesar del flujo de fondos que recauda la Nación, el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro gravísimo. Señales ilegibles. Banquinas inaccesibles. Pozos que son trampas mortales. Un mapa vial que ya se cobró numerosas vidas y que sigue poniendo en riesgo a quienes transitan por él.
La pregunta que queda flotando es tan simple como inquietante: ¿cuántas víctimas más harán falta para que alguien rinda cuentas? ¿Cuántos kilómetros de asfalto roto, cuántos camiones varados, cuántas familias afectadas, serán necesarios para que la justicia actúe? Mientras tanto, los 1.165.491 millones siguen siendo, más que una cifra, un epitafio de la responsabilidad estatal: el precio de una ruta que no se construyó, de una vida que no se salvó, de un país que se sigue desmoronando metro a metro.
