Con una nueva movilización, la familia levantó el acampe pero redobló el reclamo de justicia. Sin detenidos, con pistas débiles y bajo fuertes cuestionamientos, el caso expone fallas que la comunidad ya no está dispuesta a tolerar.
La paciencia social tiene un límite, y en Lamarque ese umbral parece haber sido superado. A 48 días de la desaparición de Kevín Alan Hernández, la comunidad volvió a marchar este sábado exigiendo respuestas concretas ante un caso que, pese al despliegue oficial, sigue atrapado en la incertidumbre.
En ese marco, Luz Núñez, pareja del joven desaparecido desde el 22 de febrero, confirmó el levantamiento del acampe que durante semanas funcionó como símbolo de visibilidad y presión. “En su momento nos ayudó mucho. En su momento sirvió, y hoy por parte de las familias ya después de 48 días se va a levantar el acampe”, expresó, dejando en claro que el cambio de estrategia no implica un retroceso en el reclamo.
Pero si algo cambió en el discurso de la familia es el tono: más crudo, más desesperado y también más realista. Días atrás, la propia Luz reconoció públicamente que no cree que Kevín esté con vida. Aun así, sostuvo que continuará la búsqueda “hasta encontrar su cuerpo” y exigir que los responsables “paguen ante la justicia”.
Kevín Hernández, de 26 años, había regresado a Lamarque el 17 de febrero desde Viedma con un objetivo claro: trabajar en la temporada de cebolla y reconstruir su vida cerca de su madre, María Ayala. Planeaba además instalarse definitivamente junto a su pareja y su hija. Cinco días después, el 22 de febrero, desapareció tras una videollamada con Luz. Desde entonces, el silencio.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel conducida por la fiscal Analía Álvarez, acumula números que impresionan pero resultados que no convencen: más de 13 allanamientos, más de 50 entrevistas, rastrillajes en campos, canales y zonas de vegetación, además de la participación de múltiples fuerzas —Policía de Río Negro, Prefectura, Bomberos y brigadas especiales— con apoyo de drones, canes y peritajes forenses.
Sin embargo, el despliegue contrasta con un dato inquietante: no hay detenidos. Y más aún, la última persona que vio a Kevín —registrada en una cámara de seguridad de un comercio en la intersección de 25 de Mayo y Libertad— continúa en libertad pese a inconsistencias en sus declaraciones que, según la familia, solo contribuyen a entorpecer la causa.
Como si el caso no tuviera ya suficientes aristas, durante los operativos se detectó una plantación de marihuana en una isla del río Negro, con un detenido vinculado. Un hallazgo colateral que suma ruido, pero no claridad.
Los cuestionamientos de la familia son tan concretos como incómodos: denuncian demoras en la activación del operativo de búsqueda, el no funcionamiento de cámaras del sistema 911 en la localidad y una presunta priorización de recursos para eventos deportivos como el Rally mientras Kevín era buscado. Señalamientos que, en cualquier investigación sensible, deberían ser respondidos con celeridad y transparencia.
El impacto social del caso es innegable. Bajo la consigna “Alguien sabe algo”, las marchas se multiplicaron y hasta la Fiesta Nacional del Tomate 2026 fue suspendida en señal de solidaridad. Además, la querella sumó a los abogados Leandro Aparicio y Sergio Heredia, conocidos por su intervención en el caso Solano, en un intento por imprimirle mayor rigor a la investigación.
A nivel formal, la causa fue incorporada al Sistema Federal de Búsqueda de Personas por pedido de la Procuraduría General de la Nación, ampliando su alcance a todo el país. Pero en lo sustancial, la pregunta sigue siendo la misma que hace siete semanas: ¿qué pasó con Kevín?
Hoy, la respuesta sigue ausente. Y en esa ausencia, lo que crece no es solo el dolor de una familia, sino la sospecha de que el sistema —otra vez— llega tarde, mal o directamente no llega. Porque cuando no hay pistas firmes, pero sí contradicciones, demoras y fallas estructurales, la incertidumbre deja de ser un accidente y empieza a parecer una forma de abandono.
Mientras tanto, la familia insiste: quien tenga información puede aportarla de forma anónima al 911 o a la fiscalía interviniente. En Lamarque, el silencio ya no es neutral. Es parte del problema.
