El Reino Unido activó una ley para proteger a las petroleras que operan en las Malvinas y le pidió a Interpol que rechace las alertas rojas argentinas por considerarlas “intimidación política”. El naufragio del ultimátum de la Casa Rosada expuso el sobreactuado giro malvinero de un gobierno que busca ocultar con ruido la extranjerización del territorio.
El gobierno de Javier Milei anunció a bombo y platillo su ofensiva legal contra el Reino Unido. Tras cumplir con su propio ultimátum del lunes, la Casa Rosada presentó una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (con sede en Hamburgo) para exigir el freno al proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Sin embargo, la supuesta “audacia” diplomática duró apenas unas horas en los titulares: Londres ratificó su respaldo a las empresas explotadoras, activó un escudo legal para dejar sin efecto las sanciones argentinas y desnudó la estrategia de Milei como una simple cortina de humo.
Lejos de amedrentarse, la administración británica invocó de inmediato la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI). Esta norma permite al gobierno de Su Majestad “blindar” a las compañías bajo su jurisdicción, prohibiéndoles cumplir con leyes extranjeras —en este caso, las argentinas— que busquen restringir o sancionar su operatoria en el archipiélago. En la práctica, la firma israelí Navitas y la británica Rockhopper seguirán operando con total impunidad, haciendo caer en saco roto las amenazas de un Ejecutivo que prometía bloquear la explotación.
Para completar el ninguneo, el Reino Unido envió una carta a Interpol solicitando que desestime los pedidos de “notificación roja” impulsados por la Argentina. Según informó el diario The Guardian, Londres argumentó que las solicitudes argentinas están “motivadas por razones políticas” y son “un intento de intimidar a personas y empresas para que no operen en las Malvinas”. La respuesta del organismo policial internacional fue una ducha de agua fría para la Casa Rosada: Interpol confirmó que “respetaría el artículo 3 de sus estatutos”, que le prohíbe intervenir en asuntos de carácter político.
La amnesia histórica del relato libertario
En medio de este sobreactuado giro malvinero, el canciller Pablo Quirno intentó vender la jugada como un triunfo diplomático. Calificó de “inédita” la estrategia y aseguró que Milei tiene la “intención pacífica de resolver una disputa que está en su corazón”. Para sostener este guión, el ministro tuvo que hacer un ejercicio de amnesia histórica y pasar por alto los elogios del propio Presidente a la figura de Margaret Thatcher, así como el sistemático proceso de desmalvinización que aplicó el libertarismo en sus primeros años de gestión.
La narrativa oficial ignora olímpicamente que Argentina ya había transitado caminos similares con resultados mucho más concretos. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2011 se impulsó la ley que restringió la actividad hidrocarburífera sin autorización nacional; en 2012 se declararon ilegales las operaciones de cinco petroleras; en 2013 se endurecieron las sanciones penales y, en 2015, se denunció a empresas exploradoras logrando embargos judiciales por más de 156 millones de dólares. Lejos de ser “inédita”, la movida de Milei es una repetición torpe de políticas previas, pero desprovista de la contundencia económica y el respaldo regional que aquellas tuvieron.
Luz verde en el Atlántico Sur, freno en el Mar del Norte
La autorización para que el proyecto Sea Lion continúe su marcha fue confirmada por el secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, cuyo consentimiento es un requisito ineludible bajo la Ordenanza de Minerales Costa Afuera de las Malvinas de 1994. El gobierno británico escudó su decisión en el derecho a la “autodeterminación” de los habitantes de las islas, una falacia jurídica que la Argentina rechaza sistemáticamente al tratarse de una población trasplantada.
Las cifras en juego exponen la magnitud del fracaso argentino: las estimaciones de las propias empresas contratadas por Londres indican que Sea Lion podría empezar a producir el año que viene, alcanzando una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios y llegando a triplicar el PIB del archipiélago.
La hipocresía británica alcanzó niveles estratosféricos al contrastar esta decisión con su política ambiental doméstica. En el Mar del Norte, la corona impulsó por ahora el freno a nuevas exploraciones de petróleo y gas. Andrew Bowie, responsable de Energía del Partido Conservador en la oposición, celebró la autorización en las Malvinas pero no dejó pasar la oportunidad para marcar la contradicción de su propio gobierno: “¿Por qué Ed Miliband, el hombre que bloqueó las perforaciones en el Mar del Norte, está dispuesto a permitirlas en el Atlántico Sur, pero no frente a las costas de Escocia?”, cuestionó. Para Londres, el cuidado ambiental en casa es prioritario; el saqueo en el patio trasero de la Argentina, un excelente negocio.
Una cortina de humo para la extranjerización
La decisión de Milei de envalentonarse y llevar el conflicto al escenario internacional no respondió a una planificación estratégica de Estado, sino a una necesidad de marketing político. Tras el lunes sin respuesta de Londres, la presentación en Hamburgo y la solicitud de medidas provisionales fueron el corolario de una campaña publicitaria. El objetivo real: intentar revertir su deteriorada imagen local utilizando la causa Malvinas como escudo, mientras en el plano doméstico consuma la extranjerización sin límites del territorio y los recursos nacionales.
Al final del día, el Reino Unido siguió explotando los recursos de la plataforma continental argentina, las petroleras mantuvieron sus licencias intactas y la justicia internacional le recordó a la Casa Rosada que sus pedidos tienen fines políticos. El “baño de realidad” dejó en evidencia que, cuando de defender la soberanía se trata, las pantomimas no sirven de nada si no hay proyecto nacional detrás.
Con información de “Página 12”
