La organización alertó por miles de personas heridas, detenciones arbitrarias y graves ataques a manifestantes y periodistas, y reclamó al Poder Judicial que declare inválida la Resolución 943/2023.
Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del llamado Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional advirtió sobre un “grave retroceso” en la libertad de expresión y reunión en la Argentina y reclamó que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, que habilita desalojos y detenciones sin orden judicial ante manifestaciones que afecten la circulación.
Según datos difundidos por la organización, entre 2024 y 2025 al menos 2.557 personas resultaron heridas durante protestas como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, con impactos de balas de goma en cabeza y rostro, gases lacrimógenos, golpes y violencia física. En 2025 se registraron 1.341 personas heridas y al menos 165 detenidas, frente a 1.216 heridas y 93 detenciones en 2024, lo que implica un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría arbitrarias y sin pruebas suficientes.
“En estos dos últimos años la escalada represiva de las fuerzas de seguridad es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó: hoy es naturalizada”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, quien sostuvo que el protocolo funciona como un mecanismo de “intimidación y disciplinamiento” para desalentar la participación social.
Entre los casos más graves se registraron al menos cuatro personas con pérdidas oculares permanentes por disparos de balas de goma. El 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una manifestación en las inmediaciones del Congreso.
La represión también afectó de manera directa al trabajo periodístico. Amnistía Internacional documentó al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa lesionados y múltiples detenciones arbitrarias durante coberturas de protestas. El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo al ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno mientras registraba la represión. La Justicia procesó al gendarme que efectuó el disparo.
Pese a la magnitud de los hechos, la organización señaló la casi total ausencia de investigaciones internas: el Ministerio de Seguridad informó solo dos sumarios administrativos por uso desproporcionado de la fuerza, uno de los cuales fue cerrado sin sanciones.
Amnistía Internacional integra junto a otras organizaciones una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. En la causa, el Ministerio Público Fiscal ya cuestionó la falta de fundamentos válidos para su dictado. Además, diversos organismos internacionales —entre ellos relatorías de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la ONU contra la Tortura— expresaron su preocupación y exhortaron al Estado argentino a adecuar su normativa a los estándares internacionales y a investigar de manera independiente los abusos denunciados.
