El gremio acusa al Ejecutivo municipal de dilatar la negociación salarial pese al superávit financiero, cuestiona descuentos por paro y advierte sobre posibles irregularidades en la relación laboral, mientras Trabajo prepara inspecciones en dependencias municipales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó este lunes una presentación ante la Delegación de Trabajo para declarar el estado de alerta y movilización en el municipio de Choele Choel, con una primera jornada prevista para el miércoles 25 de febrero. La medida responde, según el sindicato, a la ausencia total de convocatoria a paritarias, pese a que el gremio solicitó formalmente la conformación de la mesa negociadora el pasado 2 de febrero sin obtener respuesta alguna del Ejecutivo local.
Desde ATE sostienen que la falta de diálogo salarial resulta “inexplicable e inaceptable”, especialmente a la luz de las declaraciones públicas del intendente Diego Ramello, quien afirmó que la comuna registró superávit durante su primer mandato y el actual, y que solo en 2025 se alcanzaron 90 millones de pesos de saldo positivo. Para el gremio, estos números desmienten cualquier argumento de falta de recursos y exponen una decisión política de mantener los salarios municipales en niveles que, denuncian, ubican a la mayoría de los trabajadores bajo la línea de pobreza y a varios directamente en situación de indigencia. Más aún, aseguran que el gasto salarial no superaría el 20% de los recursos municipales, un dato que refuerza la crítica sindical sobre la distribución del presupuesto.
En paralelo, la Delegación local de la Secretaría de Trabajo anunció que realizará inspecciones en oficinas y áreas del municipio de Catriel, a raíz de rumores sobre situaciones que podrían desnaturalizar la relación entre la patronal y el personal y afectar las condiciones laborales. Aunque las inspecciones no se focalizan en Choele Choel, el clima de sospecha en distintas administraciones municipales del Valle Medio agrega tensión a un escenario ya cargado de conflictividad.
ATE también denunció descuentos salariales aplicados a trabajadores que participaron de medidas de fuerza, calificándolos como “arbitrarios y persecutorios”. En al menos un caso, aseguran que la administración municipal registró la ausencia como “falta injustificada”, pese a que el paro había sido debidamente anunciado por el gremio. “Descontar el día de paro y además estigmatizarlo como inasistencia injustificada es una doble sanción y un claro intento de disciplinamiento”, señalaron desde la organización sindical.
Otro punto de conflicto es la intención del municipio de implementar un sistema biométrico para el registro de asistencia. ATE rechaza la medida por la falta de garantías en la protección de datos personales, recordando que el año pasado el municipio fue víctima de un hackeo que derivó en el robo de una suma millonaria, recuperada posteriormente por la entidad bancaria. Para el gremio, pretender recolectar datos biométricos sin un sistema robusto de seguridad informática es una irresponsabilidad que expone a los trabajadores.
Por el momento, la conducción de ATE resolvió avanzar con asambleas permanentes y movilizaciones, mientras exige la apertura inmediata de la paritaria y una recomposición salarial “real y significativa”. El conflicto deja al descubierto una paradoja que inquieta: superávit en las cuentas públicas, pero salarios que no alcanzan para vivir. Un contraste que, lejos de ser técnico, es profundamente político y social, y que vuelve a colocar al municipio bajo la lupa de sus propios trabajadores y de la comunidad.
