El delegado Mauro Lescano confirmó que el gremio sostiene la medida pese a la convocatoria a paritaria. Reclaman diferencias en liquidaciones, cuestionan los números oficiales y advierten que más del 80% de los trabajadores no cubre la canasta básica.
La tensión entre el Ejecutivo municipal de Choele Choel y los trabajadores nucleados en ATE sumó este miércoles un nuevo capítulo. Desde el patio del edificio comunal, en el marco de la asamblea permanente y movilización, el delegado gremial Mauro Lescano ratificó que la medida se mantiene, pese a que el gobierno local anunció la reapertura de la paritaria el mismo día en que comenzaba la protesta.
Según explicó Lescano, el conflicto se originó por la falta de respuesta a la nota presentada el 2 de febrero solicitando la reapertura de la negociación salarial, tal como había quedado establecido en el último acuerdo firmado en junio del año pasado, que contemplaba una revisión en febrero de 2026. “Veíamos con mucha preocupación el deterioro de los sueldos de todos los empleados municipales y no teníamos respuesta”, sostuvo.
La decisión de declarar el estado de asamblea y movilización fue comunicada formalmente ante la Delegación de Trabajo el viernes pasado. Recién el lunes, el Ejecutivo informó que reabriría la paritaria el miércoles. Sin embargo, el gremio resolvió no levantar la medida.
Diferencias por liquidaciones y porcentajes
Uno de los puntos centrales del reclamo es la actualización de una ordenanza salarial de 2024 que, según ATE, fue mal liquidada. “Es una ecuación que se tiene que aplicar. No tiene que ver con una negociación paritaria, sino con una liquidación correcta”, explicó el delegado.
El Ejecutivo habría propuesto pagar la diferencia —que para las categorías más bajas ronda los 36 mil pesos en dos cuotas—, pero condicionando el acuerdo a considerarla como parte del aumento salarial de 2026 y postergando la discusión paritaria hasta abril. La propuesta fue rechazada por la asamblea.
También existe una fuerte divergencia en torno al balance salarial 2025. Mientras el gobierno sostiene que el aumento anual fue del 34,4%, superando la inflación del 31,5%, ATE asegura que el incremento real fue del 18,5%. “Es mucha la diferencia”, remarcó Lescano.
Salarios por debajo de la canasta básica
El núcleo más crítico del conflicto radica en el nivel de ingresos. Según los datos expuestos por el gremio, ningún trabajador de las categorías 1 a 16 alcanza a cubrir la canasta total de consumo, que estiman en 2 millones de pesos.
De un total de 151 empleados municipales, 106 se ubican en el segmento de “no pobres vulnerables”, 34 en “sector medio frágil”, 7 en pobreza no indigente y solo 4 por encima del medio frágil. “Tenemos más del 80% de los trabajadores que no alcanza a cubrir las necesidades básicas”, afirmó el delegado.
En ese contexto, el gremio también denunció el deterioro de las condiciones laborales, solicitó inspecciones en las distintas áreas municipales y advirtió sobre un clima de trabajo que describen como cada vez más hostil. “No es solo la cuestión salarial. Es el combo completo: el ambiente laboral, el destrato y la falta de diálogo”, sostuvo.
Finalmente, Lescano cuestionó la postura del Ejecutivo y reclamó voluntad política para destrabar el conflicto. “Para dialogar se necesitan dos partes”, concluyó, al advertir que la mayoría de los trabajadores municipales “no está llegando a fin de mes”.
RECUADRO EDITORIAL
Cuando el Estado deja de proteger y pasa a explotar
Hay una pregunta que atraviesa el conflicto municipal en Choele Choel y que excede largamente la discusión técnica sobre porcentajes e índices: ¿qué ocurre cuando el Estado, que debe garantizar derechos, se convierte en quien los vulnera?
La Constitución Nacional consagra el derecho a un salario digno. No habla de un ingreso que empate al IPC, ni de fórmulas matemáticas que cierren planillas contables. Habla de dignidad. Y la dignidad empieza por garantizar que quien trabaja pueda cubrir la canasta básica, alimentar a su familia, pagar los servicios y enviar a sus hijos a la escuela sin caer en la angustia permanente del endeudamiento.
Si más del 80% de la planta municipal se encuentra por debajo de la línea de pobreza —y algunos directamente en la indigencia— no estamos ante un problema técnico: estamos frente a una desnaturalización profunda del rol del Estado.
El Estado no puede comportarse como el peor empleador del mercado laboral. No puede exigir productividad, compromiso y responsabilidad mientras paga salarios que no alcanzan para vivir. No puede hablar de equilibrio fiscal cuando el desequilibrio lo soportan los trabajadores en sus mesas familiares.
Cuando el poder político pierde de vista que gobierna para garantizar derechos y no para administrar escasez sobre los más débiles, algo esencial se rompe. Y lo que se rompe no es solo una paritaria: es el pacto democrático que sostiene la legitimidad de quienes ejercen el gobierno.
Un Estado que paga salarios de pobreza no es austero: es injusto. Y cuando la injusticia se vuelve estructural, el conflicto deja de ser gremial para transformarse en una discusión ética sobre el sentido mismo de la política.
