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Beltrán: Justicia reconoce filiación paterna en caso de violencia de género y garantiza derecho a la identidad del niño

En un fallo que destaca la protección del interés superior del niño y su derecho a la identidad, el Fuero de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a una demanda de filiación paterna extramatrimonial iniciada por una madre en representación de su hijo. El caso, marcado por antecedentes de violencia de género, culminó con la confirmación científica de la paternidad y la orden judicial de incluir el apellido paterno en el acta de nacimiento del menor.

La historia se remonta a una relación de noviazgo que, tras un inicio aparentemente armónico, derivó en un patrón de control, celos, insultos y, finalmente, violencia física por parte del hombre. La mujer logró alejarse de esa situación de riesgo y, por temor a represalias, decidió no informarle que estaba embarazada. Desde entonces, perdió todo contacto con él y desconocía su paradero.

Años después, en representación de su hijo, inició una acción judicial para establecer la filiación paterna. Ante la ausencia del presunto padre en las primeras instancias del proceso, el tribunal solicitó una muestra genética al abuelo paterno del niño. Los resultados arrojaron una coincidencia en la línea genética paterna, lo que permitió avanzar en la investigación.

Con la colaboración del Juzgado de Familia de otra provincia, lograron localizar al hombre y realizarle la extracción de ADN. El análisis pericial del Laboratorio de Genética Forense determinó, con un grado de certeza del 99,99996 %, que es el padre biológico del menor.

En su sentencia, la jueza subrayó que “el derecho a la identidad del niño debe garantizarse plenamente”, en línea con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ello, ordenó el reconocimiento formal de la paternidad y la rectificación del acta de nacimiento del niño, que ahora llevará primero el apellido materno y luego el paterno.

El fallo no solo cierra una incertidumbre legal, sino que también reafirma el compromiso del sistema judicial con los derechos de los niños y niñas, incluso en contextos de violencia y vulnerabilidad.

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