Por: Luciano Delgado Sempé- Legislador Provincial.- Lo vengo sosteniendo desde que asumí: existe una profunda disociación entre lo que el Superior Tribunal de Justicia cree que ocurre y lo que verdaderamente pasa en los tribunales inferiores, en el llano.
Cuando usted declara en los medios que “tenemos el deber moral de trabajar por una justicia efectiva, transparente y eficaz”, esas palabras suenan bien, pero quedan en la tribuna. Si realmente quisiera saber lo que sucede, bastaría con que un día pase desapercibida y se siente media hora en los pasillos de cualquier tribunal. Ahí vería a vecinos y vecinas deambulando sin respuesta alguna. O mejor dicho, con una sola respuesta: “tiene que seguir esperando porque tenemos muchas causas”. En atención a la ciudadanía les entregan papelitos a los vecinos y vecinas para que se comuniquen por mail con la fiscalía —cuando la mayoría no tiene cómo hacerlo por falta de conectividad o de conocimientos— Una falta de empatía total por parte del sistema judicial, porque los empleados solo reciben órdenes de los Jueces.
El mayor mal de la justicia es justamente esa falta de empatía. Muchos jueces, secretarios y defensores —con algunas honrosas excepciones— se limitan a enviar un correo electrónico a la comisaría, después de demoras injustificadas, sin siquiera levantar un teléfono para garantizar que las medidas se cumplan con día y hora determinados.
Hacer justicia no es dejar todo escrito en un papel: es brindar soluciones efectivas. Hoy, una víctima de violencia de género que debe retirar sus pertenencias de la casa del agresor termina rebotando entre comisarías y juzgados, como una pelota de ping pong. ¿Por qué? Porque en lugar de coordinar un procedimiento entre juez y comisario, se envía un simple correo electrónico. Si no rebota, ya es “problema de la policía” si se ejecuta o no, mientras la víctima sufre las consecuencias de la desidia.
Y ni hablar del fuero civil: ejecutar una sentencia se convierte en una verdadera odisea. Hay quienes esperan hasta cuatro años para cobrar juicios sumarísimos de defensa al consumidor. Mientras tanto, el deudor se desprende de todos sus bienes y vende su empresa para volverse insolvente. En vez de actuar con celeridad y coordinación entre lo civil y lo penal para evitar una defraudación, los expedientes quedan estancados: pasan más de dos meses y en el fuero penal ni siquiera miran la causa.
A esto se suma el retroceso en materia de amparos. Hoy se presentan muchos menos, pero no porque la situación haya mejorado, sino porque los ciudadanos saben de antemano que no hay posibilidades de ganar. De cada diez juicios o acciones legales contra el Estado provincial o contra empresas de servicios públicos, las diez fallan a favor del gobierno. Y, para peor, se imponen costas exorbitantes a simples ciudadanos que apenas llegan a fin de mes y que solo reclaman un derecho. El ejemplo más claro fue el de cuatro empleadas del propio Poder Judicial que reclamaron su correcta ubicación en el escalafón laboral y recibieron el mismo trato: un fallo adverso y la condena al pago de costas.
Podría seguir con ejemplos todo el día. La realidad es que, mientras algunos disfrutan sueldos millonarios en cómodos sillones, la gente común sigue sin justicia.
Por eso, señora Criado, le pido que deje de hacer declaraciones bonitas y recorra sin que nadie la reconozca los pasillos de los tribunales. Solo así podrá ver y comprender lo que realmente padece el pueblo frente a la justicia que usted tiene a su cargo.
