La acusación fue difundida en redes sociales por un trabajador municipal que habló de acoso y maltrato por parte de un superior jerárquico. La denuncia pública expone la presunta inacción del Ejecutivo y del Concejo Deliberante. El caso revive cuestionamientos al clima interno del municipio, semanas después de la renuncia de otra trabajadora que habló de un “ambiente tóxico”.
Una grave denuncia pública por presunta persecución, acoso y violencia laboral contra una empleada municipal sacudió este fin de semana a Chimpay y dejó bajo la lupa al Ejecutivo local y al Concejo Deliberante, señalados por su presunta inacción frente a un hecho que —según se afirma— sería conocido por distintos actores del ámbito municipal.
La acusación fue difundida a través de la cuenta de Facebook del trabajador Daniel Cáceres, quien sin revelar la identidad de la víctima relató que una empleada municipal, madre y sostén de su hogar, habría denunciado públicamente a su superior jerárquico por reiterados episodios de persecución, acoso y maltrato en el ámbito laboral.
El texto describe a la trabajadora “totalmente desbordada, atemorizada y con lágrimas en los ojos”, obligada —según sostiene— a convivir diariamente en su lugar de trabajo con quien sería responsable de esas conductas. En ese contexto, Cáceres cuestionó que el Ejecutivo municipal no haya dispuesto al menos una suspensión preventiva ni iniciado una investigación administrativa seria sobre el funcionario señalado.
La publicación, difundida pocas horas antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también apuntó contra el Concejo Deliberante, al que acusó de mirar hacia otro lado frente a una situación que, de comprobarse, encuadraría dentro de la violencia de género y el hostigamiento laboral contemplados por leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales.
“Acá no se trata de ensuciar a un funcionario público que cometió un error, se trata de respetar la ley y los derechos de las mujeres”, sostuvo el denunciante en su mensaje, donde además cuestionó la falta de intervención de gremios y organismos que suelen proclamarse defensores de los trabajadores.
El texto agrega otro elemento que profundiza las sospechas sobre el clima laboral dentro del municipio: semanas atrás, otra trabajadora de apellido Haag —quien afirmó haber participado activamente en la campaña del actual intendente— presentó su renuncia denunciando que se desempeñaba en un “ambiente tóxico”, lo que ya había encendido alarmas sobre la convivencia interna en la administración local.
En su publicación, Cáceres también defendió la trayectoria laboral de la mujer denunciada como víctima de hostigamiento, a quien describió como una trabajadora “incansable” que, junto a otras empleadas, habría realizado tareas pesadas e insalubres “de lunes a lunes”, bajo condiciones climáticas extremas.
Hasta el momento, ni el Ejecutivo municipal ni autoridades del Concejo Deliberante habían emitido una respuesta pública sobre la denuncia difundida en redes sociales. El silencio institucional, lejos de apaciguar la situación, alimenta un interrogante incómodo para la política local: si el Estado debe garantizar derechos y proteger a quienes denuncian violencia, ¿qué ocurre cuando las acusaciones apuntan justamente hacia dentro del propio Estado?
