Tras una extensa negociación entre el Gobierno Municipal y los gremios ATE y UPCN, se alcanzó un acuerdo para el pase a planta permanente de seis trabajadores que hasta ahora desempeñaban sus funciones bajo modalidad de contratación. Del total de 17 empleados contratados que participaron del proceso, solo seis accedieron al estatus de planta permanente, mientras que los 11 restantes continuarán prestando servicios bajo la figura contractual prevista en el artículo 73 de la Carta Orgánica.
El proceso de selección se basó en criterios objetivos previamente acordados entre las partes, entre los que se destacaron el nivel educativo, la realización de cursos de capacitación vinculados a tareas municipales, y el cumplimiento obligatorio de la Ley Micaela, que establece la capacitación en perspectiva de género para funcionarios y empleados públicos.
Según informaron fuentes gremiales, solo uno de los 17 postulantes había cumplido con la capacitación exigida por la Ley Micaela, un requisito clave en la evaluación. Este dato generó críticas entre algunos trabajadores que quedaron fuera del beneficio, quienes expresaron su descontento a través de redes sociales y comentarios a esta redacción, cuestionando tanto la transparencia como la equidad del proceso.
Por el gremio UPCN participaron Daniel Larretchea y Mariana Carabajal, mientras que por ATE estuvieron presentes Daniel Linares y Mauro Lezcano. El listado final de los beneficiados incluye a tres afiliados a ATE, uno a UPCN y dos empleados no sindicalizados.
Uno de los aspectos más destacados del acuerdo fue la decisión de priorizar esta vez a personal no administrativo, en un intento por corregir un desequilibrio percibido en procesos anteriores, donde se habría favorecido en exceso al sector administrativo. Esta decisión impactó directamente en trabajadores de inspectoría, algunos de los cuales, por decisión propia, habían sido reasignados a tareas administrativas, lo que los excluyó automáticamente de la posibilidad de acceder al pase a planta en esta ocasión.
Además, se tuvo en cuenta la capacitación específica en áreas municipales, descartándose cursos no relacionados con las funciones del Estado local.
Desde ATE, sin embargo, se expresó preocupación por la falta de participación activa de los afiliados en el proceso. Mauro Lezcano denunció que, pese a haber convocado reiteradamente a los trabajadores a través de un grupo de WhatsApp y a reuniones en la sede gremial para preparar el pase a planta y discutir temas paritarios, la respuesta fue mínima.
“Desde el año pasado que le veníamos mandando mensajes a todos nuestros agremiados, diciéndoles que estábamos ahí para organizarnos, porque hay que modificar el estatuto del empleado municipal. Ahora, la historia es que los compañeros no tienen compromiso ni siquiera para ir a votar un aumento. Tenían que actualizar los legajos y ninguno lo hizo”, afirmó Lezcano en diálogo con este medio.
Ambos gremios sostuvieron que, si bien los resultados generaron descontento en algunos sectores, las reglas del proceso fueron consensuadas previamente con el Ejecutivo municipal, y que una vez establecidos los criterios, se evaluó cada caso con transparencia.
Cabe destacar que, fuera del grupo de 17 contratados, existe otro número de trabajadores que prestan servicios al municipio sin acceso a este tipo de beneficios, lo que mantiene en situación de mayor vulnerabilidad su estabilidad laboral.
El próximo paso será la firma del acta acuerdo entre las partes, que luego será elevada al Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación correspondiente. Mientras tanto, el debate sobre la equidad, la participación y los criterios de selección sigue abierto entre los empleados municipales de Choele Choel.
