La mayoría de los empleados municipales cobra por debajo de la línea de pobreza y una parte significativa directamente en la indigencia. Endeudamiento, alquileres impagables y contratos basura configuran un escenario donde el Estado, lejos de garantizar trabajo digno, reproduce la exclusión que debería combatir. La frutilla del postre son los obreros del plan “Choele te quiere ver bien” que nadie sabe bajo qué régimen están, ya que no están bajo contrato, no son empleados ni son monotributistas y cobran alrededor de 600 mil pesos.
El grueso de los empleados municipales de Choele Choel vive bajo la línea de pobreza y una parte directamente en la indigencia, con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. Según pudo saber Perspectiva VM, el promedio salarial ronda los 800 mil pesos, mientras que muy pocos superan el millón de pesos de bolsillo, cifras que quedan muy por debajo de la línea de pobreza, que a principios de 2026 se ubica entre los 1.300.000 y 1.346.000 pesos mensuales para una familia de cuatro integrantes.
Aún más grave: los ingresos mínimos necesarios para no ser indigente se sitúan entre los 700.000 y 726.000 pesos. Esto significa que los trabajadores municipales de menor rango y antigüedad están, en términos reales, condenados a la indigencia. No se trata de una interpretación política: es la lectura directa de los datos oficiales de la Canasta Básica Total (CBT) y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
La situación se agrava por el fuerte nivel de endeudamiento. Muchos empleados están atrapados en un circuito de créditos con la mutual de UPCN, bancos y financieras no bancarias, o con todas esas modalidades a la vez, utilizando el endeudamiento como estrategia de supervivencia. El salario no alcanza y la deuda se vuelve estructural. Todo un caldo de cultivo que podría desembocar en violencia, a juzgar por el malestar de los trabajadores. De hecho, se comenta entre los obreros que días atrás, hubo un momento de mucha tensión entre un obrero y un funcionario, supuestamente por maltrato por parte del funcionario. “…la semana pasada uno de los chicos lo quiso ajusticiar a pelusa por el mal trato. Pelusa se hizo el descompuesto y se fue por la puerta del frente…” comentaron off de record a este medio.
Las últimas paritarias no lograron recomponer el poder adquisitivo perdido. De hecho, el propio municipio reconoce no contar con recursos suficientes para pagar sueldos que, al menos, ubiquen a los trabajadores en el límite de la línea de pobreza. El resultado es un Estado empleador que normaliza la pobreza salarial y convierte la precariedad en política de hecho.
El drama se profundiza cuando se observa la situación habitacional. Choele Choel tiene un déficit de más de mil familias sin vivienda propia. Para quienes alquilan, los valores no bajan de los 300 mil pesos mensuales y, en la mayoría de los casos, son sensiblemente más altos. Esto implica que muchos trabajadores municipales destinan cerca de la mitad de su sueldo solo al alquiler, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente aquellos con hijos en edad escolar y gastos fijos imposibles de eludir.
Aunque la jornada laboral municipal es de seis horas, lo que teóricamente permitiría tener un segundo empleo, la realidad es que no hay trabajo. La desocupación crece de la mano del cierre de comercios, la caída de la actividad agrícola y el inminente cierre del banco Macro, que dejará más personas sin ingresos. El “tiempo libre” no es una oportunidad: es desempleo encubierto.
A este cuadro se suma una situación todavía más grave: un número no precisado, pero que superaría el centenar de personas, trabaja para el municipio en modalidades absolutamente precarias. Algunos facturan como monotributistas, afrontando el pago del régimen y de contadores ya que los obreros muchas veces no saben administrar. Otros están bajo contratos temporarios o directamente “contratos basura”. El denominador común es un ingreso que no supera los 600 mil pesos mensuales. Es decir, el municipio sostiene una parte de su estructura laboral con salarios de indigencia.
Se podría argumentar que esta práctica busca “paliar” la desocupación, repartiendo lo poco que hay para que más familias tengan algún ingreso. Pero esa lectura es profundamente peligrosa. El trabajo precarizado no es un favor, es una forma de explotación. El Estado no puede justificarse en la pobreza para pagar salarios de pobreza. Mucho menos para sostener servicios públicos básicos con mano de obra barata, sin derechos laborales plenos, sin estabilidad, sin aportes adecuados y sin cobertura social digna.
Un testimonio off de record nos dice: “los sueldos que pagan en el municipio es verdad son indignos,me da lástima la gente que trabaja en el cedim que es la guardería de los niños,les cobran 32.000 pesos por mes para cuidarlos y les pagan a la pobre gente 176.000 pesos por quincena y si van a hacer algún reclamo Marga cabello la secretaria privada del intendente las amenaza con echarlas o les dice que se busquen otra cosa,o directamente como a muchas les paso las hecho no solo que les pagan un sueldo miserable,el trato que reciben tanto de directivos y etc. Es indigno y si faltas te descuentan 50.000 pesos así sin más”
Lo más injusto del sistema es que el personal de planta permanente realiza las mismas tareas que los trabajadores precarizados, pero con salarios y coberturas radicalmente distintas. Dos personas cumplen la misma función, pero una tiene derechos y la otra sobrevive. Esa desigualdad no es casual: es estructural.
El Estado debería ser el primer garante del trabajo digno, no el principal reproductor de la precarización laboral. No puede exigir sacrificios eternos a quienes sostienen la ciudad con su trabajo cotidiano mientras los condena a salarios que no cubren ni la canasta básica alimentaria. Un municipio que paga sueldos de indigencia y contrata personal en condiciones precarias no está administrando una crisis: está institucionalizando la injusticia social.
Choele Choel enfrenta así una contradicción brutal: mientras el discurso público suele hablar de inclusión, derechos y justicia social, en la práctica el Estado local se convierte en un empleador que normaliza la pobreza, el endeudamiento y la desigualdad. Garantizar trabajo digno no es una opción política: es una obligación moral, legal y constitucional. Todo lo demás es precarización con sello oficial.
