Una inspección impulsada por ATE reveló múltiples incumplimientos en seguridad, higiene y derechos básicos de los trabajadores. Denuncian que el Ejecutivo estaba al tanto de las falencias, pero las respuestas siguen siendo parciales e insuficientes. Una ley nacional exige personal de Seguridad e Higiene cada 50 personas, pero el municipio nunca tuvo ese personal.
Una inspección realizada el pasado 20 de marzo en dependencias de la Municipalidad de Choele Choel, a pedido del gremio ATE, dejó al descubierto un escenario alarmante: condiciones laborales que no solo incumplen normativas vigentes, sino que exponen a los trabajadores a riesgos evitables y a una precarización persistente. El relevamiento se desarrolló en dos etapas —interrumpido por un fin de semana largo— y contó con la presencia de inspectores laborales y funcionarios del propio Ejecutivo, lo que agrava aún más la situación: las autoridades no pueden alegar desconocimiento. Muestra de esas falencias fue el siniestro en el que un trabajador fue arrollado por una maquinaria, sin que luego se supiera las condiciones de ese joven, del que trascendió que quedó con serias secuelas.
Daniel Linares, delegado gremial e integrante de la conducción de ATE Valle Medio, detalló una serie de irregularidades que configuran un cuadro crítico. Entre ellas, la existencia de un único baño para todo el personal masculino, ubicado fuera del edificio municipal, sin puerta y con total falta de privacidad. Los sanitarios que utilizaban anteriormente llevan más de seis meses en reparación, sin soluciones concretas a la vista.
En el taller de herrería, la situación roza lo peligroso: enchufes eléctricos sin protección en un espacio que se inunda cuando llueve, obligando a suspender tareas por riesgo de electrocución. En el área de Protección Civil, el panorama no es mejor: el vehículo destinado a emergencias presenta fallas graves, como ausencia de frenos, problemas de dirección y falta de luces reglamentarias.
El recorrido también incluyó el cementerio municipal, donde el personal trabaja sin calefacción, con sanitarios públicos en malas condiciones, sin accesibilidad para personas con discapacidad y con deficiencias básicas como la falta de mochilas en los inodoros, lo que obliga a cargar agua manualmente con baldes. De cara al invierno, los trabajadores no cuentan con ningún sistema de calefacción, recurriendo incluso a fogatas improvisadas para soportar las bajas temperaturas.
Las condiciones en la planta de reciclado resultan igual de preocupantes: dos empleados dependen de un baño químico cuya limpieza es semanal, lo que obliga a restringir su uso por razones sanitarias. Tampoco disponen de un espacio adecuado de resguardo, debiendo turnarse en una pequeña cabina con un calefactor mínimo. Según relataron, calientan agua en una olla para entibiarse las manos ante la imposibilidad de hacer fuego.
En espacios públicos, como las plazas, los trabajadores carecen directamente de baños. En verano, además, no reciben provisión de agua para hidratarse, dependiendo de su propia previsión o de la solidaridad de vecinos.
El parque automotor municipal también quedó bajo la lupa. Según el gremio, muchos vehículos no reúnen condiciones técnicas mínimas, con denuncias de camiones que circulan sin frenos ni luces. Sin embargo, durante la inspección, la mayoría de las unidades se encontraban “fuera de servicio”, lo que despierta sospechas sobre una posible maniobra para ocultar su uso en condiciones irregulares. ATE solicitó las certificaciones técnicas y seguros correspondientes, documentación que aún esperan recibir.
A esto se suma la precarización laboral de numerosos trabajadores bajo modalidades sin cobertura de obra social, ART ni seguros, con salarios que el gremio califica como “miserables” frente al costo de vida actual. “No estamos en contra de los trabajadores precarizados, sino del maltrato al que son sometidos”, aclaró Linares.
El informe también cuestiona la incoherencia institucional: áreas encargadas de controlar condiciones laborales y vehiculares operan, paradójicamente, en infracción. “El propio Estado municipal es el primero en no cumplir la normativa”, señalaron.
Si bien tras la inspección se registraron algunos cambios menores —como el uso de cascos o la incorporación de luces en ciertos vehículos—, el gremio sostiene que son medidas superficiales frente a un problema estructural que sigue sin resolverse. Persisten prácticas riesgosas, como el traslado de trabajadores colgados de camiones recolectores, sin dispositivos de seguridad adecuados.
En paralelo, ATE denunció trabas institucionales al intentar visibilizar la situación en el Concejo Deliberante. Según relataron, concejales oficialistas no se presentaron a la reunión y se habría impedido que la exposición del gremio quedara asentada en actas, dejando a los trabajadores sin respaldo incluso en el ámbito legislativo.
El conflicto se enmarca además en un contexto de tensiones por paritarias y reclamos por liquidaciones salariales incorrectas, que podrían derivar en acciones legales. “Hay un ninguneo constante al trabajador municipal”, concluyó Linares.
La inspección dejó una conclusión difícil de relativizar: las condiciones laborales en el municipio no solo son deficientes, sino que evidencian una preocupante falta de voluntad política para garantizar estándares básicos de dignidad y seguridad. Mientras tanto, los trabajadores siguen sosteniendo los servicios esenciales en un contexto que, lejos de mejorar, parece naturalizar la precariedad.
