El presidente del Colegio Médico alertó que más de 4.000 afiliados dependen de solo cuatro médicos de cabecera, mientras que los pagos atrasados y los recortes del PAMI agravan la crisis. A la par, afiliados al IPROSS denuncian desinformación, demoras y un sistema que no escucha ni responde.
La situación del servicio de salud en el Valle Medio atraviesa un momento crítico y desesperante, especialmente para las personas jubiladas. Así lo afirmó el pediatra Juan Carlos Gómez, presidente del Colegio Médico del Valle Medio, durante una entrevista con la emisora Visión de Lamarque, donde describió un escenario de colapso que afecta tanto a los afiliados del PAMI como a los de la obra social provincial IPROSS.

Según detalló Gómez, actualmente más de 4.000 afiliados al PAMI dependen de apenas cuatro médicos de cabecera, una cifra absolutamente insuficiente para garantizar una atención digna y oportuna. En la práctica, cada jubilado tiene la posibilidad de ver a su médico, con suerte, una vez al mes. Ante una urgencia, la única alternativa es concurrir al hospital público o pagar una consulta particular en clínicas y sanatorios locales. La continuidad del tratamiento también se ve afectada: cuando una indicación médica resulta insuficiente o surge una complicación, conseguir un nuevo turno se vuelve casi imposible.
A esta sobrecarga del sistema se suma un problema estructural: los atrasos en los pagos del PAMI a los profesionales. En los últimos tiempos, incluso hubo jornadas en las que los propios médicos de cabecera debieron cobrar la consulta a sus pacientes, producto de la irregularidad en los pagos por parte de la obra social de los jubilados.
El cuadro fue respaldado por un comunicado urgente de los Colegios Médicos, fechado el 14 de enero de 2026, que advierte sobre la insostenible situación de las prestaciones médicas del INSSJP (PAMI). El documento señala que desde hace más de un año se vienen aplicando recortes y topes en la atención profesional, limitando seriamente el acceso a la salud de los afiliados. Además, denuncia una grave desactualización arancelaria: los honorarios médicos no se ajustan a la inflación desde hace más de dos años, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los profesionales.
En cuanto a la cadena de pagos, el panorama es alarmante:
- Demoras habituales de entre 60 y 90 días para cobrar las prestaciones.
- Pagos fuera de término en noviembre de 2025 correspondientes al período de septiembre.
- Mora actual en el pago de octubre de 2025, que debía realizarse el 20 de diciembre y aún no fue acreditado, acumulando más de 25 días de atraso.
Desde los Colegios Médicos aseguran que los reiterados intentos de diálogo con el nivel central del PAMI en Buenos Aires solo obtuvieron respuestas automáticas, sin soluciones concretas. Advierten que ya no es posible sostener la calidad de atención teniendo en cuenta los costos de personal, impuestos, alquileres y funcionamiento de los centros de salud, y remarcan que la responsabilidad ante una eventual restricción o suspensión de servicios recae exclusivamente en la gestión del PAMI.
Pero el problema no se limita al PAMI. También los afiliados a la obra social provincial IPROSS denuncian graves deficiencias en la atención y una total falta de representación. Señalan que, como jubilados, no cuentan con beneficios diferenciados, no tienen información clara sobre sus coberturas y se sienten “socios cautivos” de un sistema que no les ofrece alternativas.
Entre los principales reclamos figuran las dificultades para acceder a especialidades como oftalmología y a la cobertura en ópticas para marcos y cristales. En muchos casos deben pagar de su bolsillo y luego iniciar trámites de reintegro que se dilatan en el tiempo, perdiendo valor frente a la inflación. A esto se suma que, cuando necesitan una derivación a un especialista, solo consiguen la autorización en General Roca, sin posibilidad de elegir al profesional de su confianza. En el caso de prótesis, las demoras son prolongadas y sin justificación clara.
Las quejas, según afirman los afiliados, “mueren en el mostrador”: quedan en manos de empleados sin poder de decisión, que repiten respuestas de manual, en una escena que recuerda a la caricatura de la burocracia estatal popularizada por el humorista Gasalla. No hay auditorías, investigaciones ni correcciones que den respuesta a reclamos reiterados.
Así, el Valle Medio enfrenta un escenario alarmante: jubilados del PAMI sometidos a la escasez de médicos y a la precarización del sistema, y afiliados del IPROSS atrapados en un circuito burocrático que no escucha ni responde. Una doble crisis sanitaria que golpea de lleno a uno de los sectores más vulnerables de la comunidad y que, hasta el momento, no encuentra eco ni soluciones en los niveles de decisión política y administrativa.










