Un audio, mensajes y movimientos millonarios en criptoactivos revelados por la periodista Irina Hauser exponen posibles pagos, intermediarios financieros y vínculos directos con el entorno presidencial, mientras crecen las sospechas por el rol del fiscal Eduardo Taiano.
Las evidencias incorporadas a la causa judicial por el caso $LIBRA complican cada vez más al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a su círculo más cercano, a partir de audios, mensajes y transferencias millonarias que sugieren la existencia de pagos vinculados a decisiones oficiales.
Según reveló la periodista Irina Hauser en una investigación publicada en Página/12, uno de los elementos más comprometedores es un audio del 2 de abril de 2024 en el que el operador Mauricio Novelli instruye a una colaboradora sobre la gestión de fondos: “ya podemos pedir los 4000 que hay que darle a Karina”, en referencia a un monto que debía ser coordinado con un intermediario identificado como “Camilo”.
De acuerdo a la investigación judicial, ese “Camilo” sería Camilo Rodríguez Blanco, un financista de origen colombiano radicado en Argentina, señalado como operador de una “cueva cripto” por donde habrían circulado fondos provenientes del empresario estadounidense Hayden Davis, creador del token $LIBRA. Parte de esos activos terminaron en billeteras vinculadas a Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, mientras otra porción habría sido retirada en efectivo para dificultar su trazabilidad.
Los registros también incluyen un mensaje que Novelli se envió a sí mismo el 1 de noviembre de 2024 con la frase “Pagar Javier kari”, en coincidencia con el Tech Forum, evento en el que Milei fue orador y que, según la causa, funcionó como espacio de lobby para negocios con el Gobierno. Allí participaron Davis y miembros de su empresa Kelsier Ventures.
Tras ese encuentro, referentes del mundo cripto señalaron la existencia de presuntos pedidos de dinero para acceder al Presidente. Charles Hoskinson, fundador de Cardano, afirmó que se ofrecían reuniones a cambio de pagos con la promesa de que “cosas mágicas pasarían”, mientras el especialista Diógenes Casares mencionó versiones sobre transferencias por hasta cinco millones de dólares a funcionarios.
Otro elemento clave es un chat difundido por el sitio CoinDesk, donde el propio Davis aseguraba “controlar” a Milei: “Le envío dinero a su hermana y él firma lo que digo”, escribió. Aunque estas afirmaciones no fueron incorporadas como prueba directa, refuerzan el entramado bajo investigación.
Los peritajes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) detectaron múltiples transferencias desde cuentas vinculadas a Davis hacia direcciones controladas por Novelli y Terrones Godoy. Entre ellas, movimientos por 180.000 dólares en diciembre de 2024, 35.000 en enero de 2025 y casi 696.000 dólares el 4 de febrero, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA.
Ese mismo día, Novelli abrió cajas de seguridad en un banco de Martínez, que fueron vaciadas tras el colapso del token el 14 de febrero, episodio que generó pérdidas por más de 200 millones de dólares. Los informes oficiales señalan que la intermediación de Rodríguez Blanco pudo haber facilitado la conversión de criptoactivos en efectivo para evitar su rastreo.
Además, la investigación detectó que el financista colombiano realizó operaciones con $LIBRA minutos antes de su lanzamiento, tras recibir fondos de Davis, lo que sugiere el uso de información privilegiada. En paralelo, se identificaron transferencias por más de 5,7 millones de dólares entre enero y febrero de 2025 hacia intermediarios y cuentas asociadas a los investigados.
Pese a la magnitud de las pruebas, parte de esta información habría permanecido durante meses sin avances significativos en la causa, bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, lo que suma cuestionamientos sobre el ritmo y la profundidad de la investigación.
Con este nuevo cúmulo de evidencias, el expediente suma indicios sobre un posible esquema de recaudación, intermediación financiera y pagos encubiertos que, de confirmarse, comprometería directamente a las más altas esferas del poder político nacional.
