La pareja del gobernador Weretilneck pasó de controlar la política energética provincial a cobrar 1.145 millones de pesos anuales en el directorio de la empresa que debía fiscalizar. Un caso emblemático de “puerta giratoria” que cuestiona los límites entre Estado, negocio y confianza pública en la provincia.
En un movimiento que encapsula la crisis de ética que atraviesa el gobierno de Juntos Somos Río Negro, Andrea Confini, pareja del gobernador Alberto Weretilneck, abandonó su cargo como Secretaria de Estado de Energía para integrar el directorio de YPF, la misma empresa que hasta septiembre de 2024 debía supervisar en nombre de los rionegrinos. El salto no solo es institucional: es económico. Los directores de la petrolera cobrarán 1.145 millones de pesos en 2025, una cifra que Confini percibirá íntegramente mientras el empleado estatal promedio necesita 72 años de trabajo para igualar lo que ella gana en doce meses.
Este caso no es una anécdota aislada, sino la punta del iceberg de un modelo de gestión donde las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujan a conveniencia. Confini no era una funcionaria menor: coordinaba la política energética provincial, la relación con YPF, los proyectos de Vaca Muerta y el vínculo con las grandes corporaciones del sector. Es decir, era la máxima autoridad de control. Su renuncia y posterior incorporación al directorio de la empresa regulada configura el manual de la “puerta giratoria”, una práctica que muchas democracias intentan frenar con períodos de enfriamiento obligatorios para evitar conflictos de interés y la captura del Estado por los poderes económicos.
La cifra —1.145 millones de pesos anuales— adquiere una dimensión obscena al contrastarla con la realidad salarial de quienes sostienen el Estado. Un trabajador público rionegrino percibe aproximadamente 1,3 millones de pesos mensuales, unos 15 millones al año. La cuenta es implacable: necesitaría siete décadas de servicio para igualar lo que Confini cobrará en un solo ejercicio. Casi dos vidas laborales completas, considerando que el mínimo de años al servicio de la provincia para jubilarse son 30 años. Esta brecha no es solo económica: es simbólica. Refleja una jerarquía de valores donde el acceso al poder se traduce en privilegios desproporcionados, mientras los servicios públicos que garantizan esos mismos trabajadores se degradan por decisiones presupuestarias que priorizan otros intereses.
El contexto político agrava la lectura. Weretilneck, fundador del partido verde, ha construido su trayectoria sobre alianzas líquidas: llegó al poder con Carlos Soria, le tendió la alfombra roja a Macri cuando Pichetto abandonó el peronismo, se asoció al justicialismo para desplazar a la gobernadora de su propio espacio y, finalmente, se inclinó ante Milei en el Congreso. Paralelamente, ubicó a su pareja en el área clave de la economía provincial. Que Confini haya “saltado” directamente al directorio de YPF no solo confirma una sospecha: expone un sistema. Como planteó Gonzalo Santos en el editorial de Luver (“2.920 Viedma”): ¿qué tipo de capitalismo se está construyendo hoy en Río Negro?
La respuesta apunta a un “capitalismo institucional rionegrino”: un esquema donde el poder político administra negocios vinculados a recursos estratégicos y donde Estado, empresa y partido se confunden. El caso Confini es su expresión más cristalina. Además, el mapa del poder provincial también se reconfiguró: si bien Viedma sigue siendo la capital formal, Cipolletti —sede del nuevo edificio de la Secretaría de Energía desde 2025— se erigió como el epicentro real donde circulan la información, los intereses y las decisiones que cruzan política, energía y negocios.
En el fondo, el escándalo trasciende lo administrativo y toca una pregunta fundacional: ¿qué significa ser funcionario público? En la tradición cristiana, el poder se ejerce en nombre del bien común. Perón lo sintetizó con una frase que hoy resuena como advertencia: “Un gobierno esclavo de un pueblo libre”. Gobernar no es un negocio; es una responsabilidad, un sacrificio en nombre de la comunidad. Cuando la funcionaria que controlaba los negocios energéticos de la provincia pasa a cobrar más de mil millones de pesos anuales en la empresa vinculada a esos mismos negocios, la pregunta es inevitable: ¿a quién representa Confini? ¿A la provincia? ¿A los ciudadanos? ¿O al sistema de poder que administra el capitalismo energético rionegrino?
Porque cuando el ejercicio del poder público se convierte en un negocio personal milmillonario, lo que se rompe no es solo una norma administrativa. Se quiebra la confianza entre representantes y representados. Y esa confianza, frágil e irreemplazable, es el verdadero y único capital de una democracia. Río Negro tiene hoy una oportunidad histórica: exigir transparencia, límites claros y ética en la gestión. O normalizar que el Estado sea un botín. La elección definirá no solo el futuro de la provincia, sino la calidad de su ciudadanía.
