El vaciamiento que Federico Sturzenegger lleva adelante en la Casa de Moneda ya no solo dejó a millones de automovilistas sin patentes y provocó un escándalo internacional por los pasaportes mal confeccionados. Ahora, trabajadores de la institución denuncian un hecho aún más grave: la filtración de información clasificada de proyectos tecnológicos a empresas privadas, en un contexto de caos institucional y laboral.
El gobierno de Javier Milei cerró por decreto la planta de la ex Ciccone en Don Torcuato, dio de baja la mayoría de los proyectos en marcha y derivó funciones clave mediante contrataciones directas a firmas privadas, en su mayoría extranjeras. En paralelo, la Casa de Moneda fue puesta en Procedimiento Preventivo de Crisis, lo que habilita al interventor Pedro Cavagnaro a suspender personal con el 70% del sueldo o a avanzar en despidos con indemnizaciones recortadas.
En este marco, se lanzó un programa de retiros voluntarios al que adhirieron algunos gerentes, aunque paradójicamente se les pidió que permanezcan en funciones hasta fin de año. Esa incertidumbre, advierten en los pasillos de la empresa, derivó en un escenario de “canales clandestinos” donde jerárquicos habrían entregado a privados desarrollos estratégicos financiados con fondos públicos.
Tecnología financiada con recursos estatales, en manos de privados
Entre los proyectos en riesgo se encuentra el desarrollo de estampillas para cigarrillos con nanochips que impiden la falsificación. Para ello, técnicos de la Casa de Moneda viajaron a Suiza y Marruecos en busca de insumos y capacitación. Hoy, esa innovación podría terminar en manos de competidores privados.
Según deslizó el medio porteño LPO, un intercambio de mails al que accedieron trabajadores abre sospechas sobre tráfico de información sensible vinculada a pasaportes. En las comunicaciones se discutía la ubicación de un nuevo chip de seguridad en la tapa del documento, aunque se mencionaba a un fabricante distinto a Casa de Moneda. “Ese desarrollo lo hicimos nosotros, y ahora lo quieren usar para que Linxens —una empresa que compite con nosotros— lo produzca para Renaper”, denunció un delegado gremial.
El resultado es conocido: pasaportes rechazados en el exterior, documentos con fallas y un prestigio internacional en entredicho.
“Un desgobierno total”
La situación interna es definida por los trabajadores como un “desgobierno total”. Señalan que Cavagnaro, el interventor designado, no tiene experiencia en la industria del papel de seguridad, lo que derivó en procedimientos sin trazabilidad ni controles. “Se filtró información de Producción, Calidad, Seguridad y Fiscalización. Todo irregular. No había órdenes de trabajo ni registros. Casa de Moneda no es una gráfica común: acá todo debe estar registrado, porque se trata de documentos sensibles”, subrayó un empleado.
Un gerente consultado no negó el desarrollo en cuestión y se limitó a señalar que se trataba de un proceso “dentro del marco de homologación correspondiente”. Pero entre los trabajadores, la sospecha es clara: mientras se desmantela la capacidad tecnológica del organismo estatal, se transfieren desarrollos estratégicos a empresas privadas, en un proceso que —según denuncian— no es casual sino premeditado.
La paradoja Milei
El caso expone una paradoja incómoda para el gobierno libertario. En nombre de la “eficiencia”, desmantela una institución histórica, pone en riesgo la seguridad documental del país y abre la puerta a negocios privados con desarrollos pagados por el Estado. En lugar de fortalecer la Casa de Moneda, la debilita hasta volverla dependiente de firmas extranjeras.
Mientras tanto, los trabajadores se sienten atrapados entre la incertidumbre laboral y un escándalo que amenaza con salpicar no solo a la gestión de Sturzenegger, sino al propio presidente Milei, en un área tan sensible como la producción de billetes, patentes y pasaportes.
