Un nuevo acuerdo salarial del personal del Congreso impactará directamente en las dietas de los legisladores por el sistema de “enganche”. Desde mayo, los senadores nacionales percibirán más de $11,4 millones brutos mensuales, en un país donde millones de trabajadores estatales sobreviven con sueldos que apenas alcanzan para cubrir lo básico.
En medio de un escenario económico marcado por salarios públicos deteriorados y trabajadores estatales que apenas logran sostener su poder adquisitivo frente a la inflación, los senadores nacionales verán elevar sus ingresos a cifras que vuelven a encender la indignación social: desde mayo, sus dietas superarán los $11 millones brutos mensuales.
El incremento se desprende del acuerdo salarial firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos tras una reciente reunión paritaria. El entendimiento fue rubricado por el Secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald, y el Secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, y establece una actualización progresiva del valor del módulo que impacta directamente en los ingresos de los legisladores.
El esquema de aumentos comenzó con un 2% desde diciembre de 2025, con corte en febrero de este año del 2,2%, acumulando una suba del 6,85%. Sin embargo, el impacto final será mayor porque el acuerdo contempla incrementos adicionales en los meses siguientes: 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, lo que eleva el aumento total al 12,5%.
Debido al sistema de “enganche” aprobado en 2024, que volvió a vincular las dietas de los senadores con las paritarias del personal legislativo, cada actualización del módulo se traduce automáticamente en un aumento para los representantes de la Cámara Alta.
Traducido en cifras concretas, los ingresos de los senadores se ubicarán en $10.684.381,65 brutos en enero y alcanzarán $11.497.077,40 en mayo, cifras que contrastan brutalmente con la realidad salarial de gran parte del sector público argentino.
La estructura de la dieta legislativa se basa en la resolución 8/24, aprobada a mano alzada hace dos años, que fija el salario en 2.500 módulos. A ese monto se suman dos componentes adicionales: 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y 500 módulos por desarraigo, destinados a cubrir la estadía en Buenos Aires de los senadores provenientes de otras provincias.
Tras el escándalo generado por el aumento aprobado en junio del año pasado, cuando las dietas saltaron a $9,5 millones brutos, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, firmó el decreto 344/25, que habilita a los legisladores a renunciar voluntariamente a los incrementos.
La normativa establece que cada senador puede optar por mantener o rechazar el ajuste mediante una nota formal dirigida a la Presidencia. En caso de no hacerlo, el aumento se aplica automáticamente junto con la actualización del módulo.
En la práctica, el mecanismo funciona más como una salida simbólica que como una verdadera limitación al crecimiento de los ingresos legislativos.
Mientras tanto, en buena parte del país los empleados públicos provinciales y municipales discuten paritarias que apenas logran empatar —y muchas veces ni siquiera eso— la inflación, con salarios que en numerosos casos no superan la línea de pobreza.
El contraste es tan evidente como incómodo: en un Estado que pide sacrificios a docentes, policías, enfermeros y trabajadores municipales, la dirigencia política parece moverse en una realidad paralela donde las dietas millonarias se actualizan con precisión matemática, mientras los ingresos de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del país continúan perdiendo valor mes tras mes.
