El Poder Judicial de Choele Choel concedió a la Asociación Club Atlético Río Colorado el beneficio de litigar sin gastos, en el marco de una demanda por daños y perjuicios iniciada por un hombre que habría sufrido una lesión durante un entrenamiento de fútbol. La incógnita es -en caso de perder el juicio- de qué modo afrontará el pago del daño y las costas finales del juicio que siempre corren por cuenta del perdedor.
La institución deportiva solicitó el beneficio argumentando su imposibilidad económica para afrontar los costos judiciales. En su presentación, el Club destacó su función social y su rol en la contención y formación de niños, al tiempo que describió una situación financiera crítica. Indicaron que los ingresos provienen principalmente de cuotas simbólicas, rifas y colaboraciones de socios, y que el sostenimiento diario de la entidad se torna “extremadamente difícil”.
Como respaldo, acompañaron documentación e informes registrales que acreditan que el Club no posee vehículos, sólo cuenta con un inmueble, no tiene empleados registrados ni cuentas bancarias activas. Durante el proceso también se produjeron testimonios que coincidieron en describir una situación de crisis: ingresos casi nulos, servicios impagos, ausencia de aportes estatales y la subsistencia mediante contribuciones voluntarias.
La Agencia de Recaudación Tributaria, tras analizar las pruebas aportadas, prestó conformidad con la concesión del beneficio, considerando la magnitud del reclamo económico.
El tribunal, en su resolución, entendió que el Club acreditó debidamente su imposibilidad de afrontar los costos del proceso y, en virtud de los principios constitucionales de acceso a la justicia y equidad, otorgó el beneficio en forma total.
La resolución judicial recordó además que este tipo de beneficios son de carácter provisorio y pueden ser revocados si se comprobara una mejora en la situación económica del solicitante.
El beneficio de litigar sin gastos busca garantizar la igualdad en el acceso a la justicia para personas físicas o jurídicas que, por razones económicas comprobadas, no pueden asumir los gastos que demanda un proceso judicial, como tasas, sellados, contribuciones y costas.
