El blindaje oficial sobre Karina Milei quedó en evidencia otra vez este martes, cuando la Comisión Libra volvió a exigir su comparecencia por la estafa de la memecoin. La secretaria general de la Presidencia ni siquiera acusó recibo de la citación previa, en un gesto de desprecio hacia el Congreso que ya se volvió marca registrada del gobierno libertario.
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino planteó la necesidad de reiterar el llamado y recordó que la hermana del presidente no tiene margen para seguir ignorando al Parlamento: “Debe presentarse el 30 de septiembre o en la fecha que ella misma disponga antes del martes próximo, ya sea en el Congreso o en su oficina de Casa Rosada”. Pero el oficialismo, lejos de colaborar, redobla la estrategia de obstrucción.
En esa línea, la massista Sabrina Selva advirtió que la nueva citación debería realizarse bajo apercibimiento de pedir “el auxilio del Poder Judicial para que (Karina) sea traída por la fuerza pública”. El escenario de la hermana del presidente llegando al Congreso en patrullero no es un delirio opositor, sino la consecuencia lógica de un gobierno que se niega a rendir cuentas.
Incluso el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, denunció la maniobra libertaria sin rodeos: “Seguimos trabajando en la Comisión Investigadora \$LIBRA, a pesar de los intentos del gobierno y sus funcionarios por obstruirla y negarse a colaborar con el esclarecimiento de los hechos”.
El ninguneo no termina ahí. El fiscal Eduardo Taiano ridiculizó a los legisladores al mandarlos a hablar con el procurador general Eduardo Casal cuando intentaron acceder a la causa. Y el propio Javier Milei ignoró olímpicamente las nueve preguntas que el cuerpo le cursó por escrito. Una burla al Congreso y a la división de poderes.
Para colmo, los funcionarios siguen esquivando la investigación. Este martes volvieron a ausentarse el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la ex responsable de la UTI, Florencia Zicavo, quien incluso intentó ampararse en la Justicia con una cautelar para no declarar. El juez Walter Lara Correa la rechazó por “insustancial”, dejando en evidencia que se trata de maniobras dilatorias.
Marino fue categórico: “Ante la negativa injustificada a concurrir de forma reiterada, resolvimos solicitar el auxilio del Poder Judicial, con uso de la fuerza pública si es necesario”.
Mientras tanto, la Comisión citó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con un plazo de 72 horas para remitir el informe de la UTI, y convocó a los organizadores del Tech Forum para el 30 de septiembre.
El caso de la memecoin ya no solo exhibe una estafa financiera; desnuda, además, un patrón sistemático de impunidad y soberbia en el corazón del poder libertario, que se resiste a ser controlado por las instituciones de la democracia.
