Por una prensa comprometida con la verdad– Mientras el cadáver de Gabriela Millamán aún calienta la tierra de Bariloche —una docente exonerada y arruinada tras una tragedia escolar que el Estado convirtió en su particular chivo expiatorio—, el gobierno de Alberto Weretilneck exhibe con cinismo obsceno su verdadera escala de prioridades: en apenas dos meses, enero y febrero de 2026, destinó $230.400.000 a pauta publicitaria oficial, según denunció el legislador Luciano Delgado Sempé. De ese monto, $173 millones se evaporaron en enero y $57 millones en solo trece días de febrero, mientras las escuelas se caen a pedazos y los docentes sobreviven con salarios que no alcanzan para el pan.
El escándalo no termina en la cifra. El dinero fluye como río contaminado hacia dos empresas beneficiarias recurrentes: BOTVIEW, que embolsa casi $32 millones mensuales, y EPOGE, con $18 millones por mes. Mientras tanto, el mismo gobierno que financia esta fiesta publicitaria somete a la docencia rionegrina a un plan sistemático de empobrecimiento: cierre de cargos en nivel inicial y modalidad especial, fusión arbitraria de escuelas especiales en Cipolletti, negación del acceso a residencias escolares para estudiantes rurales y la aplicación inconsulta del proyecto “Escuelas Innovadoras”, una puerta trasera para la privatización educativa.
La crueldad del contraste estalló este domingo 8 de febrero con la muerte de Gabriela Millamán, una de las cuatro docentes señaladas como únicas responsables tras el ahogamiento de una niña de 12 años en el lago Gutiérrez en 2021. Exonerada en abril de 2025 por la Junta de Disciplina —una sanción que la dejó en “vulneración extrema”, según el CCCLXXXVIII Congreso General Extraordinario del gremio docente—, Gaby cargó sola con abogados, salud mental destrozada y el desamparo estatal hasta que el dolor la consumió. Tenía 24 años de trayectoria comprometida en escuelas primarias de Bariloche. El gobierno, en cambio, sigue pagando spots televisivos que maquillan la realidad de aulas sin calefacción y techos filtrando lluvia.
El Congreso, realizado este 13 de febrero en Cipolletti, no solo rindió homenaje a Gaby y a la docencia que regresa a clases en medio del ajuste. También repudió con furia la ausencia de la ministra de Educación en la paritaria del 6F, la presencia policial intimidatoria en dicha mesa, el desfinanciamiento del IPROSS, el apoyo provincial a la reforma laboral que criminaliza la protesta y la media sanción a la baja de la edad de imputabilidad —una ley que, como la pauta millonaria, persigue pobres mientras protege a los poderosos.
Weretilneck gasta $7,6 millones diarios en publicidad engañosa para mostrar “obras” que no existen, mientras docentes como Gabriela mueren en silencio, bomberos voluntarios combaten incendios sin recursos y el Estado provincial se convierte en socio silencioso de la precarización. No es desgobierno: es una política deliberada de transferencia de riqueza desde lo público hacia los bolsillos de unos pocos, mientras se criminaliza la pobreza y se santifica el despilfarro. Mientras haya un peso para publicidad y ninguno para salarios dignos, cada spot televisivo será un epitafio para la educación pública. Y cada docente muerto en el abandono, una acusación que ningún anuncio oficial podrá borrar.
