Datos ocultos de la recaudación confirman la asfixia fiscal: mientras la caja se derrumba, el Tesoro retiene créditos tributarios y el sector advierte que se financia con deuda privada. La sombra de los bonos y la promesa incumplida de 2027.
La caja del gobierno está tan quebrada que ha decidido dejar de honrar sus obligaciones fiscales básicas. Los datos desagregados de la recaudación de febrero de 2026, un detalle que el Ejecutivo suele mantener en la penumbra, revelan una omisión elocuente y grave: el Estado no pagó ni un peso en concepto de devoluciones ni reintegros de IVA a los exportadores. La cifra, que en febrero del año anterior alcanzaba los 50.000 millones de pesos por cada concepto, hoy figura en cero. Para el sector productivo, la conclusión es contundente y no admite matices: el Gobierno está en default comercial.
La situación desnuda la fragilidad real detrás del discurso de superávit fiscal. Mientras la recaudación total se derrumbó un 10% en términos interanuales y amenaza con repetir la caída en marzo, el Tesoro optó por la vía más lesiva para la economía real: retener los impuestos que legalmente debe restituir. El mecanismo es conocido, pero su suspensión tiene efectos devastadores. Cuando una empresa exporta, el IVA abonado en la cadena de producción debe ser reintegrado, ya que las exportaciones no tributan este gravamen. Al no ejecutar ese pago, el Estado obliga al sector privado a financiar su déficit, transformando un crédito fiscal legítimo en una deuda impaga que se acumula mes a mes.
La tensión no es nueva, pero febrero marca un punto de no retorno. Desde el último trimestre del año pasado, el stock de deuda por recuperos de IVA no dejó de crecer, estirado por la necesidad oficial de mostrar números verdes a cualquier costo. En noviembre, el Ministerio de Economía ya había reconocido implícitamente la falta de liquidez al lanzar un esquema para dolarizar esos créditos, con la condición de que recién pudieran compensarse a partir de 2027. La medida fue interpretada en el mercado como lo que es: una confesión de insolvencia inmediata.
“Esto es un default comercial. El Estado nos debe impuestos que ya pagamos y ahora pretende patearlos dos años”, denunció con dureza un empresario del sector agroexportador ante el medio digital La Política Online (LPO). El enojo es transversal, abarcando desde las grandes corporaciones hasta las economías regionales. El atraso en los reintegros encarece el costo financiero de operar, obligando a las compañías a fondear créditos que deberían ser líquidos en un contexto de márgenes ajustados y actividad en baja.
La preocupación en el mercado ya ha escalado hacia un escenario aún más complejo. Circula con fuerza el temor de que el Gobierno replique con los exportadores la misma estrategia que evalúa para la deuda con la Cámara Argentina de la Construcción por obra pública paralizada: el pago con bonos en lugar de efectivo. Si el Estado termina cancelando el recupero de IVA con instrumentos financieros de largo plazo, la transformación del crédito fiscal en deuda titulizada será completa. Así, entre la caída de la recaudación y la retención de pagos, el gobierno no solo ajusta el gasto, sino que confisca liquidez al único sector que genera divisas, hipotecando la competitividad futura para cubrir un agujero fiscal presente.
