El Poder Judicial de Río Negro elevó a los poderes Ejecutivo y Legislativo su propuesta de presupuesto para 2026, que asciende a 270.900 millones de pesos. El documento, elaborado conjuntamente por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Procuración General, incluye un plan integral de obras, inversiones tecnológicas y previsiones de personal para garantizar el funcionamiento del sistema judicial en toda la provincia.
Según la Acordada que acompaña la presentación, el presupuesto proyectado “reúne las necesidades de todas las áreas judiciales” y fue elaborado bajo criterios de prudencia, moderación y racionalidad del gasto público. El aumento interanual es del 28%, ubicándose por debajo de la inflación registrada a septiembre de 2025, que fue del 31,8%, lo que —según se destacó— refleja la continuidad de las políticas de austeridad del Poder Judicial.
Distribución del presupuesto
La suma total proyectada es de $270.900.815.000, distribuida en cuatro programas:
- Programa Jurisdiccional: $121.718.483.000
- Ministerio Público: $90.698.201.000
- Consejo de la Magistratura: $884.092.000
- Organismos Auxiliares: $57.600.039.000
El documento detalla que se contemplaron todas las vacantes actuales y futuras de magistrados, funcionarios y empleados, tanto por renuncias y ascensos como por la creación de nuevos organismos judiciales.
Fuerte inversión tecnológica
Uno de los ejes centrales del presupuesto es la digitalización y modernización informática. Se proyecta una inversión de $1.500 millones destinada específicamente a procesos de digitalización, fortalecimiento de sistemas y renovación de equipamiento.
El plan incluye:
- Incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial para optimizar la gestión judicial.
- Consolidación del uso de datos estadísticos para la toma de decisiones.
- Fortalecimiento de los sistemas Puma y Janus.
- Digitalización integral de los Archivos Judiciales.
- Garantía de seguridad informática y mantenimiento a cargo de la Dirección General de Sistemas.
Estas inversiones responden al crecimiento de la demanda, la obsolescencia tecnológica y la ampliación edilicia prevista para 2026.
Obras públicas en toda la provincia
El presupuesto contempla un extenso programa de infraestructura, condicionado a su aprobación legislativa. Entre las obras más relevantes se destacan:
- Continuidad de la Ciudad Judicial de Cipolletti.
- Avance del Complejo Judicial de El Bolsón.
- Construcción del Complejo Judicial de San Antonio Oeste.
Además, se proyectan:
- Refacción del edificio del Consejo de la Magistratura.
- Readecuación del inmueble ubicado entre España y Urquiza en Cipolletti.
- Intervenciones en Juzgados de Paz de Ingeniero Huergo, Sierra Colorada, Valcheta, General Conesa y Dina Huapi.
- Obras de adecuación en San Carlos de Bariloche y desarrollo de la primera etapa del futuro complejo judicial.
- Puesta en valor de dependencias del edificio central en Viedma, incluyendo el auditorio.
- Refacción y modernización de la morgue judicial y de la CIMARC en General Roca.
- Mantenimiento exterior de la Ciudad Judicial de Villa Regina.
- Instalación de sistemas fotovoltaicos en Juzgados de Paz.
- Implementación de un sistema de monitoreo remoto de shelters.
También se prevén soluciones edilicias para la sede judicial de Allen, la refacción del Juzgado de Paz de Pilcaniyeu, la construcción del Depósito General en Viedma, la instalación de sobretechos en el Complejo Judicial de Ingeniero Jacobacci y el inicio del nuevo Complejo Judicial de Choele Choel.
Derechos Humanos y capacitación
El proyecto incorpora partidas destinadas a la Oficina de Derechos Humanos y Género, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de acceso a justicia para personas en situación de vulnerabilidad y garantizar la transversalidad de los derechos humanos en todo el servicio judicial.
Asimismo, se incluye financiamiento para la Escuela de Capacitación Judicial, que desarrollará su Plan de Formación Integral 2026, orientado a la actualización permanente de magistrados, funcionarios y empleados.
La propuesta presupuestaria ya fue enviada a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que deberán analizarla en el marco del debate provincial del Presupuesto General 2026.
