Las Fuerzas Armadas estadounidenses acumulan al menos 135 muertes en 39 ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y Pacífico oriental desde septiembre de 2025.
(Sin Registro).- La última masacre ocurrió el viernes cuando un bombardeo en el Caribe terminó con tres vidas más. El Comando Sur justifica estas ejecuciones sumarias alegando que las naves seguían “rutas de tráfico de drogas”, pero sin presentar pruebas contundentes ni respetar el debido proceso. La estrategia representa un giro radical: antes de septiembre, la lucha antidrogas era responsabilidad de fuerzas policiales y la Guardia Costera, que trataban a sospechosos como criminales con derechos.
El régimen Trump elaboró una opinión legal clasificada que clasifica a cárteles y supuestos narcotraficantes como “combatientes enemigos”, creando un marco jurídico espurio para asesinatos extrajudiciales. Expertos legales y congresistas demócratas denuncian que estas acciones equivalen a ejecutar civiles, pues Estados Unidos no está en guerra declarada contra los cárteles. La gravedad aumenta con revelaciones escalofriantes: en septiembre, militares estadounidenses mataron deliberadamente a sobrevivientes después de un ataque inicial, lo que constituiría un crimen de guerra según investigaciones del Congreso.
La operación se sofistica con tecnología de vigilancia. El Pentágono utilizó inteligencia artificial Claude de Anthropic, empresa que colabora con Palantir, en la operación que secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta misma maquinaria bélico-tecnológica se emplea ahora en el Caribe. El silencio de juristas internacionales y gobiernos ante estas violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario resulta escandaloso. La comunidad global parece paralizada frente a la arrogancia imperial que convierte aguas internacionales en campos de ejecución. La pregunta queda flotando como los cuerpos en el mar: ¿dónde están los principios cuando el poder los pisotea?
