Una jueza de San Antonio Oeste ordenó trabar más de $31,5 millones sobre cuentas y bienes de la diputada por incumplir con obras prometidas en un desarrollo inmobiliario. El fallo alimenta la disputa por el liderazgo provincial de LLA y vuelve a poner bajo lupa los antecedentes judiciales de la dirigente.
La Justicia provincial puso un nuevo y contundente freno a la trayectoria pública de Lorena Villaverde. En plena disputa por la conducción de La Libertad Avanza en Río Negro, el Juzgado Civil N.º 9 de San Antonio Oeste ordenó un embargo por más de $31,5 millones sobre cuentas y bienes de la diputada nacional, como medida cautelar para garantizar el eventual cumplimiento de una sentencia en una causa por incumplimiento contractual en la venta de un terreno en el desarrollo inmobiliario Tajamar, en Las Grutas.
La resolución, firmada por la jueza Vanessa Kozaczuk, hizo lugar a la petición del comprador Alejandro Alfredo Kanjer, quien en 2020 adquirió un lote y cumplió con los pagos pactados, pero nunca recibió las obras de infraestructura prometidas ni avanzó hacia la escrituración. El fallo considera “demostrada prima facie la verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”, por lo que libró oficio al Banco Central para ejecutar la medida. Una decisión que no solo afecta patrimonialmente a la legisladora, sino que erosiona aún más su legitimidad política al frente del partido en la provincia.
El caso, revelado inicialmente por Martiniano Nemirovsci en Letra P, expone una operatoria que se repite: Villaverde se comprometió a abrir calles, proveer agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y otras obras esenciales para hacer habitable y escriturable el lote. Esos trabajos debían finalizar en un plazo de 10 meses —prorrogables por seis— desde la firma del contrato. Han pasado más de cinco años. El inmueble sigue sin servicios básicos, sin posibilidad de obtener permisos de edificación, visado de planos o factibilidad de servicios. “La demanda que presentamos supera los 100 millones de pesos, entre daño moral y punitivo”, aseguró a este medio Juan Ignacio Santos, abogado del demandante junto a Verónica Arizcuren.
Este no es un hecho aislado. En diciembre, un juez de Bariloche ya había ordenado un embargo de $40,5 millones sobre el sueldo de la diputada por un caso similar en el mismo emprendimiento. Ahora, el nuevo fallo se suma a un historial judicial que ha marcado a fuego su gestión: desde una denuncia por supuestos vínculos con el narcotráfico —a través de Fred Machado y su relación con Claudio Cicarelli, primo y señalado como testaferro del empresario extraditado a EE.UU.— hasta una causa por tenencia de cocaína en Florida hace dos décadas. Antecedentes que, en diciembre, le impidieron asumir la banca que había ganado en el Senado y que hoy la obligaron a renunciar antes de jurar.
Mientras la Justicia avanza, la política no se queda quieta. Dentro de La Libertad Avanza rionegrina, los referentes Damián Torres y Enzo Fullone impulsan un “cambio de aire” y sostienen que Villaverde “no puede ser la cara visible” del espacio. La embestida judicial, sin embargo, no encuentra una respuesta orgánica del partido: la diputada se aferra a la presidencia provincial y todos esperan una definición desde la conducción nacional, encabezada por Karina Milei y Martín Ménem. En ese contexto, no pasó desapercibido su reciente acercamiento a jueces de la Corte Suprema durante la apertura de sesiones del Congreso: saludos capturados por las cámaras que generaron más preguntas que certezas sobre los límites entre el poder judicial y el político.
El embargo por Tajamar no es solo una medida cautelar: es un símbolo. Representa la cuenta pendiente de un modelo de liderazgo que prioriza la disputa interna por sobre la rendición de cuentas, la imagen por sobre la gestión, y la supervivencia política por sobre la responsabilidad institucional. Con elecciones provinciales a la vista en 2027, La Libertad Avanza en Río Negro enfrenta una encrucijada: ¿puede renovarse manteniendo al frente a una dirigente con múltiples causas judiciales y un patrimonio embargado por incumplir con ciudadanos de a pie? La respuesta, por ahora, la tiene la Justicia. Y la política, mientras tanto, observa.
