En una carta abierta de durísimo contenido, el Consejo de Bienestar Policial expuso la crítica situación económica, laboral e institucional que atraviesan miles de efectivos. Denuncian deudas judiciales impagas, persecución interna, hechos de corrupción sin investigar y advierten sobre un inminente conflicto provincial.
El malestar que desde hace tiempo se percibe puertas adentro de la Policía y el Servicio Penitenciario de Río Negro dejó de ser un murmullo para transformarse en una denuncia pública de alto voltaje político e institucional. A través de una carta abierta difundida en su cuenta oficial de Facebook, el Consejo de Bienestar Policial —agrupación que cumple el rol de gremio de hecho ante la prohibición legal de sindicalización— expuso una realidad que califican de “profunda y dolorosa” y apuntó directamente contra el Gobierno provincial y la Jefatura por incumplimientos reiterados, salarios de miseria y una alarmante tolerancia frente a la corrupción interna.
El dato más contundente, y a la vez más grave, es la deuda que el Estado rionegrino mantiene con más de 3.500 efectivos que cuentan con sentencia judicial firme por el pago mal liquidado de la zona desfavorable. Según el Consejo, hace más de un año que esos fallos están firmes y, aun así, el dinero no aparece. No se trata de una discusión salarial abierta ni de una negociación en curso: es una deuda reconocida por la Justicia que el Gobierno simplemente no paga, afectando de manera directa a miles de familias que dependen de esos ingresos.
A este incumplimiento se suma un cuadro salarial que el propio Consejo califica como “indigno”. Los bajos sueldos obligan a policías y penitenciarios a multiplicar trabajos por fuera de su horario laboral para poder cubrir gastos básicos. El impacto del aumento del costo de vida y, en particular, de los alquileres, empuja a muchos efectivos al límite: hay casos concretos de trabajadores que están al borde de quedar en la calle. La recomposición salarial anunciada recientemente y la propuesta de atar los sueldos al índice IPC son señaladas como claramente insuficientes frente a una pérdida del poder adquisitivo que ya es estructural.
El resultado de este combo explosivo se refleja, según advierten, en un escenario preocupante para toda la sociedad: personal agotado física y emocionalmente, endeudado, con la cabeza puesta en cómo alimentar a sus hijos antes que en una tarea que exige máxima concentración y compromiso. Un cóctel peligroso para cualquier fuerza de seguridad, pero especialmente grave en una provincia atravesada por crecientes problemas de inseguridad.
Lejos de limitarse a lo salarial, la carta apunta también a un problema de fondo: la corrupción y la impunidad dentro de la institución. El Consejo asegura haber denunciado públicamente hechos graves que, lejos de ser investigados con seriedad, encuentran una respuesta marcada por la pasividad judicial y el silencio de la Jefatura. Peor aún, denuncian una lógica perversa: mientras los casos de corrupción no avanzan, se persigue y hostiga a los efectivos que se animan a denunciarlos.
Los ejemplos citados son elocuentes. En Cipolletti, una jefa de Tránsito con dos denuncias por corrupción habría sido ascendida y trasladada a un cargo de mayor jerarquía. En El Cuy, pese a existir denuncias, no se habrían tomado medidas disciplinarias, mientras que sí se avanza contra quienes reclaman mejores salarios y condiciones laborales. Para el Consejo, no se trata de hechos aislados, sino de una consecuencia directa de la falta de control sobre determinados jefes y de la ausencia de voluntad política para sancionar.
El diagnóstico es demoledor: el policía honesto, aseguran, está hoy desprotegido en una institución que “ha perdido su rumbo, su norte y su legado”. Y la advertencia final no deja margen para interpretaciones complacientes. Si no hay una recomposición salarial real y urgente, y si continúa la persecución interna, el conflicto institucional será inevitable. Las protestas provinciales —que ya marcaron momentos críticos en el pasado— podrían volver a escena en los próximos meses.
En un gesto que mezcla autocrítica y advertencia, el Consejo pidió disculpas a la sociedad por los problemas de inseguridad y señaló que buena parte de ellos son consecuencia directa de la falta de inversión y de políticas públicas deficientes. Lejos de callarse, concluyen, policías y penitenciarios aseguran que seguirán levantando la voz, aun cuando hacerlo implique pagar costos internos cada vez más altos.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: ¿hasta cuándo el Gobierno provincial seguirá mirando para otro lado mientras el conflicto se profundiza en una de las instituciones más sensibles del Estado?
