El fuero Civil de Choele Choel hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios presentada por un vecino de Luis Beltrán, luego de que su vehículo fuera destruido en un violento accidente ocurrido en la Ruta Provincial N.º 7.
El hecho se produjo cuando el hombre transitaba en su Renault 12 junto a su esposa e hijo por el acceso a la localidad. En una recta de la ruta, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta Ford F-100, la cual circulaba por la banquina derecha en el mismo sentido. Como consecuencia del impacto, la mujer resultó herida y debió ser hospitalizada, mientras que el vehículo fue declarado destrucción total.
El afectado relató en su demanda que utilizaba el Renault 12 para sus actividades diarias y para abastecer de mercadería su pequeño comercio. Tras el accidente y ante la imposibilidad de reemplazar el vehículo, se vio obligado a cerrar el negocio y comenzar a trabajar como albañil.
La acción judicial se inició luego de que el conductor de la camioneta incumpliera sus promesas de pago y también fue dirigida contra la aseguradora. Sin embargo, ambas partes negaron responsabilidad: el demandado sostuvo que el carro estaba detenido sobre la banquina y acusó al otro conductor de exceso de velocidad, mientras que la compañía de seguros afirmó que el siniestro se debió a una conducción imprudente del propio damnificado.
Durante el juicio, el hombre presentó como prueba un informe policial de la Comisaría 19, en el que constaba que al día siguiente del accidente, el propio conductor de la camioneta reconoció que el carretón se había desenganchado e impactado contra el Renault.
Una pericia accidentológica confirmó esa versión: el siniestro ocurrió cuando el carro remolcado por la camioneta se soltó y cruzó de manera imprevista al carril contrario, donde colisionó con el automóvil.
En su fallo, la jueza consideró que el relato del demandante era “coherente, probado y verosímil”, y concluyó que la responsabilidad del accidente recayó exclusivamente en el conductor de la camioneta. Además, rechazó los argumentos defensivos de “culpa de la víctima” y “caso fortuito”, al sostener que no existía evidencia que demostrara una conducción negligente del hombre.
De este modo, la Justicia ordenó indemnizar al damnificado por los daños materiales y las consecuencias económicas derivadas del siniestro.
