Con acampes en Viedma, Choele Choel y General Roca, y nuevas convocatorias en marcha, el reclamo salarial de la Policía rionegrina escala en organización, tono y advertencias. La conducción política, hasta ahora, opta por el silencio.
El conflicto salarial de la Policía de Río Negro dejó de ser una protesta aislada frente a la Casa de Gobierno en Viedma y se transformó en un movimiento provincial con epicentros simultáneos y un mensaje cada vez más contundente: “no podemos seguir viviendo así”. Este lunes se retomó el acampe en Choele Choel y comenzó una medida similar en General Roca, mientras continúa el campamento central en la capital provincial.
Lo que en un principio iba a concentrarse en Viedma, frente al poder político, se fue replicando en distintas ciudades a medida que crecía la indignación por la falta de respuestas oficiales y por lo que los efectivos consideran una actitud de desestimación del reclamo por parte de funcionarios provinciales.
Desde el Consejo de Bienestar Policial, espacio que articula la protesta, difundieron el sábado un extenso balance en redes sociales donde ratificaron la continuidad del acampe en Viedma —al que sumaron baños químicos y un nuevo gazebo— y definieron ese punto como “el centro operativo y neurálgico de la lucha”, donde “se darán las definiciones”.
La organización, aseguran, se sostiene con el aporte de activos, retirados y pensionados que se turnan en guardias y convocan a la “familia policial” a acercarse, informarse y participar. El mensaje que se repite es claro: la situación económica es límite y la dignidad salarial ya no admite dilaciones.
Choele y Roca: la protesta toma cuerpo territorial
En Choele Choel, el acampe se realizó frente a la caminera, con carteles visibles para los automovilistas que respondieron con bocinazos en señal de apoyo. La medida se levantó transitoriamente para reorganizarse y retomó este lunes por la mañana, con un llamado explícito a que el personal en franco se acerque, comparta un mate y fortalezca la presencia.
En General Roca, la decisión fue avanzar con un esquema más estructurado. El acampe comenzó frente a la Comisaría Tercera, en un lugar elegido por razones simbólicas y operativas: mayor espacio, seguridad y comodidad para quienes asisten con sus familias. Allí instalarán una casilla rodante y una construcción firme con postes, techo de chapa y pallets para enfrentar el frío, la lluvia y el viento que en años anteriores —recuerdan— “volvieron crueles” las permanencias a la intemperie.
La convocatoria incluye la elaboración de cartelería y su distribución en distintas dependencias de la zona. La consigna es sostener la visibilidad del conflicto y evitar que quede encapsulado en un puñado de manifestantes.
En Villa Regina también comenzaron a organizarse con la intención de iniciar una presencia a la vera de la ruta. En otras localidades, como Cipolletti, Bariloche y la Región Sur, aún no se formalizaron medidas, aunque desde el Consejo aclararon que eso “no quiere decir que no acompañen”.
Un reclamo que interpela al poder político
El comunicado difundido por el Consejo no sólo agradece apoyos —entre ellos la cobertura mediática, la presencia de gremios como ASSPUR y UPCN, el acompañamiento del legislador Luciano Delgado Sempé y del concejal Juan Mercado— sino que también lanza una interpelación directa al resto de la dirigencia.
“Que se expresen respecto a este conflicto y no miren para otro lado”, exigen a autoridades municipales y legislativas, recordando que los policías “también viven, invierten y compran en las ciudades donde residen”. El mensaje busca romper la idea de un reclamo sectorial para ubicarlo en el plano social más amplio: la seguridad pública está atada, inexorablemente, a las condiciones materiales de quienes la garantizan.
Al Gobierno provincial le reclaman “respeto y coherencia”, diálogo urgente y el reconocimiento del liderazgo interno de la protesta. La advertencia es explícita y preocupante: “ante el hambre y el miedo al sumario va a ganar el hambre”. La frase, lejos de ser retórica, sintetiza el núcleo del conflicto: salarios que consideran insuficientes frente al costo de vida y un clima de temor disciplinario que ya no logra contener la bronca.
Seguridad y precarización: una ecuación riesgosa
El trasfondo es más profundo que una paritaria. Cuando quienes portan el monopolio legítimo de la fuerza del Estado afirman que ser policía se ha vuelto “sinónimo de pobreza”, el problema excede el plano salarial y se convierte en una señal institucional alarmante.
La historia reciente demuestra que los conflictos policiales, cuando no se abordan con diálogo y responsabilidad política, pueden escalar en tensión y afectar la estabilidad social. La multiplicación de acampes en distintas ciudades es un indicador de que el malestar ya no es marginal ni episódico.
Mientras tanto, la conducción provincial mantiene bajo perfil público frente a una protesta que gana volumen territorial y simbólico. El tiempo político corre. Y cuando el reclamo se organiza, se territorializa y encuentra eco social, el silencio deja de ser prudencia para convertirse en una apuesta riesgosa.
