La renuncia de Marco Lavagna a la presidencia del Indec no fue un hecho técnico ni administrativo: fue un episodio político de alto voltaje que desnuda, sin maquillaje, la relación del gobierno de Javier Milei con la verdad estadística. El detonante fue claro y brutal: el nuevo índice de inflación —con metodología actualizada— arrojó para enero una suba del 3,4%, un dato incompatible con el discurso oficial de desinflación triunfal. La orden fue no difundirlo. Lavagna se negó. Y se fue.
Según reveló el portal especializado La Política Online (LPO), el economista rechazó “convalidar el papelón” luego de haber anunciado públicamente que el organismo ya estaba en condiciones técnicas de publicar el índice con una ponderación más realista del peso de los servicios públicos en la canasta de consumo. En otras palabras: cuando el Indec estuvo listo para acercarse un poco más a la realidad, la realidad se volvió inconveniente.
El propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, terminó blanqueando lo que el gobierno intentó disimular. Admitió que tanto él como el presidente Milei resistieron la publicación del nuevo índice porque “destrozaba el relato” oficial. En una entrevista radial, Caputo explicó sin sonrojarse que el cambio metodológico debía esperar a que “el proceso de deflación esté totalmente consolidado”. Traducido al castellano básico: los datos se actualizan cuando conviene.
La justificación roza el absurdo. “Es como si el médico te dice que te va a tomar la fiebre cuando te baje”, ironizó ante LPO un analista de peso. Más aún cuando el propio Caputo se contradijo en la misma argumentación: dijo primero que “no hay necesidad de cambiar ahora el índice” y acto seguido afirmó que “da igual, da prácticamente lo mismo”. Si da lo mismo, ¿por qué el escándalo? ¿Por qué la renuncia forzada del titular del Indec?
Pero el problema va mucho más allá de una interna palaciega. La confesión del ministro abre una caja de Pandora jurídica: la decisión política de no actualizar la metodología del índice de inflación, pese a la recomendación de los técnicos, puede derivar en una avalancha de juicios de los tenedores de bonos ajustados por CER. Un déjà vu peligroso que remite inevitablemente a la intervención del Indec durante la era de Guillermo Moreno.
La comparación es incómoda, pero inevitable. Y más aún cuando existen antecedentes internacionales que el propio gobierno dice admirar. Si, como aseguró Caputo, la diferencia entre ambos índices era de “décimas”, podrían haber hecho lo que hace Chile: publicar ambos índices durante un período de transición y luego adoptar el nuevo. Transparencia básica. Pero no. Se eligió el atajo.
La ironía final es que Lavagna venía protagonizando una gestión opaca y muy cuestionada, acusado de “toquetear” no sólo el índice de inflación, sino también los de pobreza y crecimiento, siempre con el objetivo de embellecer las estadísticas del gobierno libertario. Y justo cuando decidió empezar a converger con la realidad, lo empujaron al precipicio. “Se tendría que haber ido antes, rifó mucho prestigio”, disparó sin anestesia un técnico que lo conoce bien.
Ahora el Indec quedará en manos de Pedro Lines, hombre de la cantera macrista, alfil del propio Caputo y hasta hace horas segundo de Lavagna. En su perfil de LinkedIn figuraba como “Open to work”. Ya puede actualizarlo: trabajo no le falta. Lo que sí queda abierto es la pregunta central: ¿quién va a medir la inflación cuando los números ya no sirvan para el relato?
