La revelación del vínculo presidencial con el estafador de la cripto Libra desató una reacción desmedida del mandatario, que volvió a cruzar un límite peligroso al sugerir el cierre de Clarín y profundizar su ofensiva contra el periodismo crítico.
La publicación del contrato firmado por Javier Milei con Hayden Davis —el desconocido “empresario” detrás de la estafa de la cripto Libra— desató una furia presidencial que expone algo más grave que un enojo personal: una deriva autoritaria frente a la libertad de expresión. Tras la nota de Clarín que dio a conocer el acuerdo rubricado el 30 de enero del año pasado en la Casa Rosada, el Presidente reaccionó con una seguidilla de tuits agresivos, ironías forzadas y retuits militantes que, en boca del jefe de Estado, suenan menos a chiste y más a amenaza.
El contrato revelado activó alarmas institucionales. Legisladores que integran la comisión Libra en el Congreso evalúan avanzar hacia una segunda etapa investigativa, mientras padecen la parsimonia del fiscal Eduardo Taiano, que “investiga” el caso sin señales de urgencia. En ese contexto, Milei optó por disparar contra el mensajero: citó un tuit irónico sobre el “cierre” de Clarín y lo calificó como una “Masterclass”, pretendiendo luego explicar que se trataba de un chascarrillo por el cierre nocturno del diario antes de imprimir. El problema es evidente: cuando un presidente “bromea” con cerrar un medio, la broma deja de serlo.
El episodio se agrava porque no es aislado. Desde hace once meses Milei mantiene fijado un tuit en el que define a Clarín como “la gran estafa argentina”, una etiqueta que, sumada a la reciente reacción, configura un hostigamiento sistemático. A eso se sumó el retuit de un usuario que sostuvo que “Clarín sin pauta miente”, acompañado de una enumeración doctrinaria sobre el rol de los medios. El mensaje implícito es claro: deslegitimar al periodismo crítico y condicionar su tarea.
La desmesura del enojo contrasta con la sobriedad de la publicación. La nota sobre Davis ni siquiera fue llevada a la tapa, algo impensable si un escándalo internacional de corrupción hubiese sacudido a la administración de Cristina Kirchner. Sin embargo, la respuesta presidencial fue estridente, como si el problema no fuera el contenido revelado sino el hecho mismo de que se publique.
El embate contra Clarín llegó, además, un día después de otro frente incómodo: el cruce con el New York Times, que informó sobre una negociación entre Milei y Donald Trump para que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos. El Gobierno no desmintió oficialmente esa información. El canciller Pablo Quirno, señalado como protagonista de la negociación, guardó silencio. Milei, en cambio, se limitó a amplificar una desmentida de influencers oficialistas, mientras Agustín Romo, jefe del bloque libertario en el Senado bonaerense, descalificó al diario estadounidense con insultos.
El patrón se repite: ante revelaciones incómodas, no hay explicaciones ni transparencia, sino ataques, agravios y amenazas veladas. En una democracia, la libertad de prensa no se “chistea”. Se garantiza. Y cuando el poder confunde el control con la censura, el problema deja de ser un contrato cripto para convertirse en una alarma institucional.
