Por decreto y en tiempo récord, el Presidente ordenó abandonar la querella contra Mauricio Macri y Luis “Toto” Caputo, apenas días después del polémico archivo dictado por una jueza designada por el propio expresidente. El Estado se corre de investigar el destino de USD 41 mil millones mientras persisten denuncias de fraude, violación constitucional y fuga de capitales.
En una decisión política de alto impacto institucional, Javier Milei firmó en la noche del jueves el Decreto 87/26 para instruir a la Procuración del Tesoro a cesar como querellante en la causa penal que investigaba a Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo y otros exfuncionarios por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional durante 2018 y 2019. El movimiento se produjo apenas 72 horas después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispusiera el archivo del expediente, pese a la apelación presentada por el fiscal Franco Picardi.
La sintonía entre ambas decisiones no pasó inadvertida. Capuchetti —nombrada jueza por Macri y con vínculos conocidos con dirigentes del PRO— cerró una causa de enorme gravedad institucional con un fallo que desató fuertes críticas. Milei, lejos de preservar el rol del Estado como garante del interés público, decidió directamente retirarlo del proceso judicial que debía esclarecer qué ocurrió con más de USD 41 mil millones del préstamo récord del FMI, que se evaporaron en medio de corridas cambiarias y fuga de divisas.
El artículo 2° del decreto presidencial es explícito: ordena a la Procuración “cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019”, caratulada “Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros”. Se trata de la querella criminal anunciada por Alberto Fernández el 1° de marzo de 2021, cuando el propio Estado nacional decidió investigar a quienes lo habían endeudado de manera inédita y opaca.
Según reveló el periodista Pablo Dipierri en La Política Online, fuentes cercanas al Gobierno aseguran que Milei no buscó beneficiar a Macri, sino proteger a dos piezas clave de su propio gabinete: Caputo, hoy ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación. Ambos fueron protagonistas centrales del acuerdo con el FMI y del manejo de esos fondos. La explicación, lejos de despejar sospechas, las profundiza.
La contradicción política es inocultable. Antes de llegar a la Casa Rosada, Milei fue uno de los críticos más feroces del préstamo tomado por Macri, al que calificó como un despropósito histórico. Ya como presidente, no solo abandonó esa posición sino que utilizó el poder del Estado para clausurar cualquier intento de investigación judicial.
Capuchetti justificó el archivo al sostener que no existía una norma que impusiera un destino obligatorio a los fondos del FMI y que, por lo tanto, no podía hablarse de malversación. Sin embargo, el núcleo de la acusación va mucho más allá. Por un lado, se denuncia el incumplimiento de los deberes de funcionario público al eludir al Congreso en la toma de una deuda que condiciona a generaciones, en abierta violación de la Constitución Nacional. Por otro, la convicción —respaldada por múltiples denuncias— de que el dinero no se destinó a fortalecer reservas, sino a financiar la fuga de capitales con dólar barato.
La Oficina Anticorrupción fue contundente en su informe incorporado a la causa: las divisas del FMI funcionaron como un “seguro de cambio” para los fondos que especularon con las Lebacs y terminaron en la formación de activos externos, quebrantando el deber de probidad de los funcionarios involucrados.
El fiscal Picardi, al apelar el cierre, fue aún más duro. Acusó a la jueza de realizar una evaluación “parcial, sesgada y superficial” de los hechos y de fragmentar el análisis probatorio para arribar a un cierre prematuro. Sostuvo que la investigación debía determinar si existió un esquema defraudatorio entre funcionarios del Poder Ejecutivo, el Banco Central y actores privados, mediante la toma de una deuda por USD 57.100 millones en violación de normas constitucionales y con argumentos “falsos y engañosos” sobre su destino.
Para Picardi, las sumas obtenidas se utilizaron de manera “ruinosa” para profundizar la fuga de capitales, beneficiando a grupos concentrados y perjudicando al erario público, con posibles beneficios económicos indebidos y uso de información privilegiada.
Con el decreto de Milei, esa investigación queda virtualmente desarmada. El Estado, lejos de exigir explicaciones por uno de los episodios más gravosos de la historia económica argentina, decidió correrse. El mensaje es claro y preocupante: cuando se trata del poder real y de las deudas que hipotecan al país, la justicia mira para otro lado y el Gobierno acompaña.
