El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, un proyecto que expertos califican como “retroceso histórico” en derechos humanos y soberanía ambiental. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ya rechazó categóricamente la iniciativa, advirtiendo que pone en peligro territorios ancestrales y fuentes de agua.
(Sin Registro).- El proyecto establece Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica que permitirían el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de explotación, generando temores de que los militares sean utilizados para reprimir protestas sociales y proteger intereses privados. Al mismo tiempo, introduce el “silencio administrativo”: si el Estado no responde en plazos de 30 días o seis meses, las autorizaciones se otorgan automáticamente, evadiendo el derecho constitucional a consulta previa, libre e informada.
La reforma sustituye licencias ambientales por autorizaciones simplificadas durante la etapa de exploración, reduciendo la participación comunitaria a un trámite formal. Según Érika Escorza del Frente Nacional Antiminero, esto “elimina procesos reales de decisión colectiva”. El exministro de Ambiente Tarsicio Granizo alerta que se debilita el principio precautorio necesario para mitigar daños irreversibles.
Como ley económica urgente, la Asamblea tiene solo 30 días para debatirla; de lo contrario, entrará en vigencia automáticamente. Los sectores sociales y ambientales anticipan demandas de inconstitucionalidad para frenar lo que consideran un modelo de dependencia extractiva que históricamente solo generó desigualdad y criminalización de la defensa territorial. La lucha por el agua y los territorios se intensifica frente a esta ofensiva neoliberal.
