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Odarda denunció una maniobra estatal para falsear límites del ANPRALE y restringir el acceso público al Lago Escondido

La legisladora acusó a la Secretaría de Ambiente de entregar mapas adulterados y brindar información falsa para beneficiar al magnate Joseph Lewis. Pidió investigar delitos penales y garantizar el libre acceso constitucional a las riberas.

La legisladora provincial Magdalena Odarda (Bloque Vamos con Todos) denunció ante el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, una grave maniobra institucional destinada a engañar a la ciudadanía y recortar derechos constitucionales en el Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE). Según la presentación, desde el lunes 2 de febrero la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático ordenó a su personal difundir información “manipulada e incorrecta” a quienes ingresan por el sendero de montaña habilitado por la Justicia hacia el Lago Escondido, una práctica que —advirtió— podría haberse repetido durante toda la temporada estival, afectando a miles de residentes, turistas y activistas ambientales.

En el centro de la denuncia aparece la entrega de un mapa “adulterado” durante las charlas informativas oficiales. Ese material incluye falsamente dentro del ANPRALE la cabecera oeste del Lago Escondido —sitio de arribo de la columna “Juana Azurduy”— y varios kilómetros del sendero judicializado, cuando por ley vigente están fuera del área protegida. Odarda subrayó que los límites reales del ANPRALE están definidos por la Ley Provincial N.º 3267, sancionada el 16 de diciembre de 1998 y plenamente vigente, por lo que cualquier otra delimitación difundida por el Ejecutivo carece de sustento legal.

La legisladora fue más allá y señaló responsabilidad penal y política de la secretaria Judith Jiménez, por vulnerar el artículo 73 de la Constitución Provincial, que garantiza el libre acceso recreativo a riberas y espejos de agua de dominio público. En ese marco, recordó que en 2002 la Provincia y Hidden Lake S.A., propiedad del magnate Joseph Lewis, firmaron una servidumbre de tránsito para posibilitar el ingreso al Lago Escondido —bien público— encerrado desde 1996 dentro de sus dominios. Ese contrato no impone restricciones para acampar o pernoctar ni en el sendero ni en las riberas del lago, remarcó.

Para Odarda, la maniobra es clara: ampliar ficticiamente los límites del ANPRALE para extender una normativa administrativa —válida solo dentro del área protegida— a tierras privadas de Lewis que no están incluidas, y así restringir áreas de acampe y permanencia. La conclusión es contundente: el Lago Escondido y gran parte del sendero, una vez superado el límite del ANPRALE, no están bajo jurisdicción de área protegida, por lo que no rigen allí las restricciones de uso que el Gobierno intenta imponer.

La denuncia también recupera un antecedente institucional escandaloso. En 1998, durante una sesión legislativa cuestionada —y aprovechando la ausencia por enfermedad del legislador Eduardo Chironi (Frente Grande), impulsor de la incorporación plena del lago al área protegida— se alteró abruptamente el orden del día y se trató en segunda vuelta un proyecto que eliminó al Lago Escondido del ANPRALE, sin información previa a la ciudadanía. El resultado fue un absurdo jurídico que persiste: un área llamada “Río Azul–Lago Escondido” sin el Lago Escondido dentro. Para Odarda, esa maniobra buscó blindar intereses privados y alejar la fiscalización estatal en materia ambiental y de seguridad de fronteras.

Como prueba, la legisladora adjuntó los dos mapas adulterados entregados por funcionarios, el mapa anexo a la Ley 3267 y la servidumbre de tránsito de 2002. Con ese respaldo, solicitó que se instruya a los fiscales para iniciar de inmediato una investigación por delitos de acción pública (arts. 248 y 249 del Código Penal), el secuestro de toda la documentación y folletería oficial adulterada, y que se garantice sin restricciones el libre acceso al Lago Escondido y a sus riberas, conforme a la Constitución. También pidió ser informada sobre las medidas adoptadas por el Procurador General para avanzar en la investigación.

Mapas adulterados. El lago escondido aparece dentro de los límites de ANPRALE

La acusación deja al descubierto algo más que un error administrativo: un intento deliberado de torcer la ley para favorecer a un privado, en un territorio donde el derecho público viene siendo sistemáticamente cercenado. Ahora, la pelota está en la Justicia.

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