La legisladora provincial, junto a los bloques Vamos con Todos y PJ Nuevo Encuentro, presentó un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal de Río Negro para que intervenga ante posibles delitos de contrabando de divisas, lavado de dinero y violación a la ley de tierras. El caso surge de una declaración judicial en Bariloche donde se mencionó una donación “sin cargo” de 2 millones de dólares.
La legisladora provincial Magdalena Odarda, con el respaldo de los bloques Vamos con Todos y PJ Nuevo Encuentro, presentó formalmente un pedido de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal de Río Negro para que informe e intervenga ante posibles delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras y la adquisición de tierras en una zona estratégica de la provincia.
La iniciativa tiene su origen en una declaración testimonial realizada el 7 de abril en el marco de un juicio oral y público en San Carlos de Bariloche. En esa audiencia, el ciudadano Hugo Alberto Barabucci afirmó haber adquirido un predio de más de 14 mil hectáreas en Cerro Carreras —ubicado en las nacientes del río Chubut y en área de frontera— mediante una donación “sin cargo” de 2 millones de dólares provenientes del Estado de Emiratos Árabes Unidos.
La “ruta del dinero” bajo la lupa
Odarda remarcó que el pedido está específicamente dirigido al Ministerio Público Fiscal, organismo competente para dar respuesta sobre lo sucedido en la audiencia judicial e impulsar la investigación correspondiente. Entre los aspectos centrales, se solicita que se informe:
- Si se inició una investigación sobre el origen de los fondos o si se dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión de contrabando de divisas, considerando que el monto declarado excede ampliamente el límite permitido para el ingreso al país sin declarar.
- Si se investiga la posible existencia de lavado de dinero u otros delitos complejos.
- Si se notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la AFIP/ARCA sobre el posible ingreso irregular de divisas.
La legisladora puso el foco en la denominada “ruta del dinero”: según lo declarado, los fondos habrían sido transferidos desde una cuenta del First Gulf Bank en Abu Dhabi, pasando por una cuenta en el banco J.P. Morgan Chase en Nueva York, sin cumplir con los controles exigidos por la legislación argentina en materia aduanera, fiscal y penal.
Titularidad del predio y marco legal
Otro punto clave de la presentación es la posible contradicción en la titularidad del predio. Mientras en la audiencia se afirmó que pertenece a Barabucci, en registros oficiales figura vinculado al Fideicomiso Amaike. En ese marco, se requiere determinar si existió falso testimonio y si se verificó el origen lícito de los fondos antes de la operación inmobiliaria.
Además, se solicita información sobre si la adquisición de estas tierras —ubicadas en cercanías de fuentes de agua y dentro de un área sensible— cumple con la legislación vigente en materia de protección de tierras rurales y zonas de seguridad de frontera. Esto incluye investigar la posible utilización de “personas interpuestas”, figura expresamente prohibida por ley cuando se trata de adquisiciones en zonas estratégicas.
Antecedentes y posibles acciones judiciales
Odarda adelantó que impulsará una presentación ante el Fiscal de Estado para que evalúe la nulidad absoluta e insanable de la operación, en caso de comprobarse irregularidades. En ese contexto, recordó antecedentes en la provincia vinculados a la venta de tierras fiscales a valores irrisorios —alrededor de 152 pesos por hectárea— que derivaron en causas por fraude al Estado con funcionarios condenados, y mencionó la participación de actores empresariales como Marcelo Mindlin en operaciones cuestionadas de ese período.
“Estamos ante un hecho de extrema gravedad que puede comprometer la soberanía, el control de nuestras fronteras y la protección de nuestros bienes naturales comunes. El Ministerio Público Fiscal debe actuar con urgencia e investigar a fondo”, sostuvo la legisladora.
Finalmente, Odarda remarcó que el objetivo de la presentación es que se esclarezca el origen de los fondos, se determinen responsabilidades y se garantice el cumplimiento de la ley en defensa del territorio rionegrino. La iniciativa cuenta con el acompañamiento transversal de bloques legislativos y refleja una preocupación institucional por la transparencia en operaciones que involucran activos estratégicos para la provincia.
