La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó un pedido de informes que volvió a encender las alarmas en Río Negro al exigir explicaciones sobre posibles construcciones de uso militar en áreas estratégicas de frontera, presuntamente vinculadas a capitales extranjeros. La iniciativa, dirigida al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Ambiente y al Departamento Provincial de Aguas (DPA), incomoda al Ejecutivo provincial y reabre un debate sensible: soberanía, control territorial y transparencia estatal.
Según informó la legisladora del bloque Vamos con Todos, el requerimiento apunta a esclarecer si existen edificaciones con características aptas para uso militar en zonas protegidas de la provincia. Entre los puntos más relevantes, Odarda solicitó información precisa sobre un aeródromo privado ubicado al sur de Sierra Grande, dentro del área de seguridad de frontera, cuya pista tendría dimensiones similares a las del Aeroparque Jorge Newbery, un dato que por sí solo despierta fuertes interrogantes.
El pedido de informes también incluye una presunta construcción tipo “búnker” en cercanías del Lago Escondido, en tierras vinculadas al empresario británico Joseph Lewis, un nombre recurrente cada vez que se discuten límites difusos entre intereses privados, poder económico y territorio nacional. A esto se suma la consulta sobre la posible presencia de aeronaves o funcionarios extranjeros durante el mes de enero, así como la apertura de un camino costero que, según Odarda, se habría realizado sin respetar la línea de ribera ni el histórico camino de sirga.
“Estamos hablando de soberanía, control del territorio y resguardo de nuestros bienes naturales comunes. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre en estas zonas y bajo qué autorizaciones”, expresó la legisladora, marcando el tono político y social de su iniciativa.
El pedido de informes no sólo pone el foco en eventuales irregularidades administrativas o ambientales, sino que expone una preocupación mayor: la aparente laxitud del Estado provincial frente a obras y movimientos que, de confirmarse, podrían vulnerar normas de seguridad de frontera y comprometer el control efectivo del territorio. Mientras el gobierno rionegrino guarda silencio, la pregunta ya está instalada y la respuesta, esta vez, no parece opcional.
