La legisladora rionegrina Magdalena Odarda, del bloque “Vamos con Todos”, presentó un recurso de revisión contra la resolución de la Secretaría de Ambiente de Río Negro que convoca a una audiencia pública para el próximo 16 de septiembre en San Antonio Este, donde se debatirá el proyecto de instalación de una planta flotante de gas (FLNG MKII) de la empresa Southern Energy S.A.
Odarda cuestionó la modalidad de la convocatoria y denunció en sus redes sociales que la audiencia “fue convocada solo en formato presencial, en un día hábil y en un lugar alejado, lo que restringe gravemente la participación ciudadana en un tema ambiental de enorme impacto”.
En ese marco, la legisladora reclamó que se garantice lo dispuesto por la Ley General del Ambiente, la Ley Provincial 3266 y el Acuerdo de Escazú, que obligan a promover audiencias “efectivas, inclusivas y accesibles”.
“Exijo: modalidad presencial y virtual, traslado de la sede a Las Grutas –la localidad más cercana al proyecto– e igualdad de trato y tiempo de exposición para todos los legisladores. Si estas condiciones no se cumplen, la audiencia será un simulacro de participación y el acto administrativo será nulo por violar la Constitución y nuestras leyes ambientales. La participación ciudadana no es un trámite, es un derecho”, expresó Odarda.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Además, es el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones específicas para la protección de defensores de derechos humanos en temas ambientales, según el portal oficial Argentina.gob.ar.
En detalle, el acuerdo establece:
Acceso a la información ambiental: asegurar que la población pueda acceder a datos sobre proyectos, actividades y políticas que impacten en el medio ambiente.
Participación pública: permitir la intervención activa de la ciudadanía en procesos de toma de decisiones ambientales.
Acceso a la justicia: facilitar mecanismos judiciales para la protección de los derechos ambientales.
Protección a defensores ambientales: garantizar seguridad a quienes denuncian vulneraciones y defienden el medio ambiente.
El tratado, vigente en la Argentina desde 2021, se considera un instrumento clave para promover la transparencia, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en materia ambiental en toda la región.
