Luciano Barroso denunció que fue echado por aparecer en medios nacionales. El Gobierno habló de “abandono de tareas”, pero el PJ acusó a Weretilneck de persecución y censura.
El despido del periodista y trabajador estatal Luciano Barroso generó una fuerte controversia política en Río Negro. Barroso, quien se desempeñaba en el ámbito público, denunció en sus redes sociales que fue cesanteado “por haber salido en medios nacionales”, luego de su participación como corresponsal de La Nación + en la cobertura del caso Fred Machado, empresario vinculado al narcotráfico y con presuntos lazos con sectores del oficialismo provincial.
“Me dejaron sin trabajo porque estuve en medios nacionales”, escribió el joven, apuntando directamente contra el gobierno de Alberto Weretilneck.
Desde el Ejecutivo rionegrino, sin embargo, negaron cualquier relación entre su salida y su labor periodística. En un comunicado, aseguraron que la rescisión del contrato obedeció a un caso de “abandono de tareas en horario laboral”, y que la medida se ajustó a la normativa vigente para el personal contratado.
Pero el hecho no tardó en adquirir trascendencia pública y política. El Partido Justicialista de Río Negro emitió un duro comunicado en el que repudió enérgicamente la decisión del gobernador, calificando el despido como “una represalia directa” por la cobertura del caso Machado.
“El despido de Barroso constituye un grave atropello a la libertad de prensa y una nueva muestra del autoritarismo con que Weretilneck conduce el Estado rionegrino”, expresó el PJ.
La conducción justicialista sostuvo además que el gobierno provincial “busca silenciar voces para encubrir hechos de corrupción que alcanzan a ex funcionarios de su propio espacio político”, y mencionó específicamente al ex legislador Claudio Ciccarelli, primo de Machado y señalado como su presunto testaferro.
El comunicado también sumó cuestionamientos en clave electoral, al acusar al gobernador de “malversar fondos públicos en campañas de propaganda personal y partidaria” y de “violar las normas electorales”.
“Estas prácticas no solo deterioran la calidad institucional, sino que profundizan la crisis de confianza entre la ciudadanía y sus dirigentes”, remarcaron desde el PJ.
En otro tramo, los dirigentes provinciales advirtieron que Weretilneck “imita las mismas prácticas autoritarias y persecutorias que caracterizan al oficialismo nacional encabezado por Javier Milei”.
“La democracia se defiende con pluralidad, transparencia y respeto por la libertad de expresión, no con persecución, miedo ni censura”, concluye el documento.
Mientras tanto, el caso Barroso —enmarcado en el escándalo que rodea al empresario Machado— sigue ganando repercusión fuera de los límites de Río Negro, sumando un nuevo capítulo a la tensión política que atraviesa a la provincia.
